La Ley de Protección Policial tunecina trae a la memoria años de silencio

Por Dima Samaro para Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

Un manifestante sostiene un billete de diez dinares junto a una pancarta que dice: «El mundo es nuestro.» [Chedly Ben Ibrahim/Getty]

En octubre, el Parlamento tunecino retiró la versión más reciente de una ley de protección policial que había intentado aprobar en repetidas ocasiones a pesar de la fuerte oposición. De haber sido aprobado, el nuevo proyecto de ley sobre la «protección de las fuerzas de seguridad» impondría sanciones penales desproporcionadas por diversos actos que ponen en peligro la seguridad, eximiría a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal cuando utilizaran la fuerza letal y reforzaría la impunidad que podría allanar el camino para que los efectivos no rindan cuentas.

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Esto se produjo en el marco de esfuerzos constantes por hacer resurgir en la agenda parlamentaria leyes consideradas represivas e incompatibles con la Constitución y las normas internacionales, que posiblemente hubieran llevado a que las fuerzas de seguridad no deban rendir cuentas por sus actos. Peor aún, dados los crecientes abusos de las fuerzas de seguridad contra los activistas y opositores, tales proyectos de ley despiertan en la población tunecina el temor de estar cediendo los derechos y libertades alcanzados a lo largo de una década de lucha contra el régimen represivo de Ben Ali.

La noción de aprobar una ley que penalice los ataques a las fuerzas de seguridad no es nueva en el país. Fue propuesta por primera vez en la Asamblea Nacional Constituyente por el ex Primer Ministro, Ali Larayadh, en 2013 en respuesta a los ataques terroristas contra las fuerzas armadas. Desde finales de 2012, decenas de policías y soldados murieron en estas acciones. No obstante, la propuesta encontró una feroz oposición de grupos de derechos humanos y varios partidos políticos.

En junio de 2015, los ataques contra el Museo Bardo en la capital tunecina y en un balneario en la ciudad costera de Susa hirieron y mataron a decenas de personas, la mayoría turistas extranjeros. Cinco meses después, 12 guardias presidenciales murieron en un atentado contra un autobús cerca del Ministerio del Interior.

Luego de estos ataques, se elaboró un proyecto de ley para la “represión de ataques contra las fuerzas armadas”- una primera propuesta post revolucionaria para reforzar la impunidad – con la aprobación del Ministro del Interior y los sindicatos de las fuerzas de seguridad. En 2017, hubo otro intento fallido de aprobar la ley. Después de tres años de aplazar la revisión de la ley, en julio de 2020 el Comité Legislativo General aprobó un nuevo proyecto de ley para la “protección de las fuerzas de seguridad”.

Una protección insuficiente de derechos y libertades fundamentales

La versión inicial del proyecto de ley, presentada al Parlamento en abril de 2015, contenía una serie de disposiciones problemáticas. Por ejemplo, autorizaba cargos penales contra las expresiones consideradas ‘denigrantes’ para la policía. Además, limitaba el derecho de acceso a la información, al tiempo que preveía una larga lista de sanciones penales de hasta 10 años de prisión y fuertes multas por obtener o publicar información de seguridad o militar sin autorización previa.

Si bien estas disposiciones alarmantes fueron eliminadas del último proyecto de ley, varias cuestiones problemáticas que potencialmente infringen el derecho constitucional e internacional continúan presentes en el texto. Por ejemplo, el Artículo 7 otorga a las fuerzas de seguridad inmunidad penal por el uso de la fuerza letal excesiva al repeler ataques contra ciudadanos en circunstancias percibidas como “amenazas graves”. Esto supone una flagrante violación de los principios de igualdad entre los ciudadanos y el derecho a la vida para todos los tunecinos (Artículos 21, 22 y 23 de la Constitución).

Conceptos vagos sin definiciones como “amenazas graves” socavan los derechos y las libertades, y dejan la puerta abierta de par en par para que las fuerzas de seguridad justifiquen sus actos y el uso del poder bajo el pretexto de la legítima defensa. Esto representa una preocupación, dados los ataques regulares contra los activistas en las redes y en las calles bajo el estado de emergencia vigente, desde noviembre de 2015. Durante todo este período, las autoridades tuvieron el poder de restringir las protestas, limitar el derecho a la libertad de reunión, censurar publicaciones y arrestar a cualquier persona acusada de alterar el orden público.

Asimismo, la Comisión Parlamentaria decidió en su último plenario clasificar al proyecto como ‘ley orgánica’ en lugar de ‘ordinaria’, acorde con lo prescripto por la Constitución. Si bien las leyes orgánicas y ordinarias son promulgadas por el Parlamento, las primeras se refieren a cuestiones específicas relativas a los derechos humanos y los derechos fundamentales (Artículo 28 de la Constitución) y requieren de la aprobación por una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento (50% más uno). En cambio, una mayoría simple es suficiente para la aprobación de una ley ordinaria. Esto demuestra aún más la importancia que las autoridades dan a este proyecto de ley, dadas sus implicancias para los derechos y libertades fundamentales.

Represión de las protestas pacíficas y el discurso en línea

Durante los últimos cinco años, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos lucharon constantemente contra la aprobación de este proyecto de ley. El 6 de octubre, al comienzo de la segunda sesión legislativa, el Parlamento presentó 10 proyectos de ley a sesión pública para su revisión y aprobación en menos de dos semanas. Cuatro de estos proyectos de ley fueron considerados ‘peligrosos’ por organizaciones de la sociedad civil. Estos incluyen el proyecto de ley de protección policial, junto a otros que representan una amenaza para los derechos humanos, como el proyecto de ley del estado de emergencia y los proyectos de enmienda al Reglamento de medios de radiodifusión. Como resultado, más de 20 grupos de derechos humanos unieron fuerzas y emitieron una declaración conjunta denunciando el “alarmante retorno legislativo”. A su vez, instaron al Parlamento a emprender acciones inmediatas, derogando el proyecto de ley de protección policial, a pesar de los cambios que se le habían hecho.

Después de los llamados de grupos de la sociedad civil locales e internacionales, decenas de manifestantes tomaron las calles en el barrio tunecino de Bardo. Se movilizaron frente al Parlamento para pedir a los legisladores que retiraran el proyecto de ley y lo eliminaran por completo de la agenda. La policía respondió con violencia física contra los manifestantes. Cuatro manifestantes fueron detenidos por “participar en un motín” durante tres horas en la Comisaría de Bardo y se les negó el acceso a abogados.

Los activistas fueron liberados en menos de 24 horas, pero las violaciones contra quienes se oponen al proyecto de ley también se trasladaron a las plataformas de las redes sociales. Varias páginas de Facebook asociadas al sindicato policial publicaron fotos de manifestantes junto a las consignas que levantaron durante las protestas, nombrandolos, humillandolos y amenazandolos con tomar medidas por ‘haber denigrado’ a las fuerzas de seguridad.

Entre esos activistas se encuentra Wajdi Al Mahawashi, sentenciado recientemente a dos años de prisión por “insultar al poder judicial”. Sin embargo, el abogado de Al Mahawashi sostuvo que su participación en la protesta contra el proyecto de ley representa la “verdadera razón detrás de este caso”. Wajdi había publicado una foto de sí mismo durante la protesta, donde sostenía billetes de papel en dinares tunecinos frente a agentes de policía para simbolizar la corrupción. Su foto se compartió ampliamente en las plataformas de redes sociales. El 7 de diciembre, otros seis activistas fueron citados y algunos arrestados. Entre ellos se encontraban, Saif Ayadi y Hamza Nafsri por su afiliación con Hasebhom, un movimiento ciudadano liderado por jóvenes que luchó constantemente contra la aprobación del proyecto de ley de protección policial desde 2017. Según Hasebhom, las acusaciones contra los activistas incluyen la obstrucción de la vía pública, agresiones y denigración de las fuerzas de seguridad, y violación de la Ley de Emergencia. Abusar de tales cargos contra manifestantes pacíficos muestra hasta qué punto la legislación que promueve la impunidad envalentona las prácticas dañinas de silenciar a los opositores y activistas por los derechos humanos.

Implicancias para la transición democrática

El 12 de octubre, tras una oposición constante al proyecto de ley y las protestas de la sociedad civil y los activistas, el Parlamento aplazó oficialmente la aprobación del proyecto de ley por tiempo indefinido. Esta decisión surgió a pedido del Presidente Kais Said, dada su importancia y la necesidad de que haya condiciones adecuadas para su debate. Si bien ya no está en la agenda legislativa, esto no significa que el proyecto de ley no se revisará nuevamente, especialmente tras cualquier futuro ataque terrorista.

Estas leyes represivas deberían dejar de existir o justificarse, especialmente a la luz de la transformación democrática, social y política que vive el país. Además, las fuerzas de seguridad se benefician de un amplio arsenal legal. El proyecto de ley de protección policial aborda una serie de cuestiones que ya están contempladas en otras regulaciones del Código Penal, los estatutos generales de las fuerzas de seguridad internas y la Ley Antiterrorista.

Ante la ausencia de estabilidad política en Túnez, permitir la impunidad de las fuerzas de seguridad podría facilitar la represión de activistas y opositores en un país donde la libertad de expresión fue uno de los logros posrevolucionarios más tangibles tras la caída del régimen de Ben Ali. Asimismo, a la luz de los juicios en curso y la detención arbitraria de activistas, el futuro del derecho a la libertad de reunión y circulación bajo el proyecto de ley y la inmunidad que ofrece a las fuerzas de seguridad, puede conducir a la reducción del espacio cívico—dentro y fuera de las redes—,vaciar la democracia y reducir la oposición en el país.

En lugar de discutir y promulgar leyes represivas utilizadas para suprimir la libertad de expresión y profundizar una brecha de desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, el gobierno tunecino debería seguir aspirando a reformas legales y políticas, con especial atención al sector de la seguridad y a la reforma policial. En este sentido, se deberían reforzar la rendición de cuentas y rechazar las políticas y regulaciones represivas que protegerían a las fuerzas de seguridad, como el proyecto de ley de protección policial. A su vez, las autoridades tunecinas deben garantizar que cualquier nueva legislación mantenga la capacidad de la sociedad civil para funcionar libremente, incorporando protecciones sólidas a los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis sanitaria y estado de emergencia. Esto debe incluir no sólo el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación, sino también el derecho a la vida y el derecho a no ser objeto de arresto o detención arbitrarios.

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Dima Samaro Licenciada en Derecho por la Universidad An Najah, Palestina. Además es investigadora visitante en el King’s College de Londres y ex alumna de la Escuela de Medio Oriente sobre Gobernanza de Internet y Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab). También es abogada y analista política en Access Now. Participó como investigadora legal en la Comisión Internacional de Juristas para Túnez.

N.d.T.: El artículo original fue publicado el 17 de diciembre de 2020 por TIMEP.

La identidad como narrativa: relatos y autoconstrucción después de la Primavera Árabe

Por Wendy Pearlman para Al Jumhuriya

Diseño con siluetas en negro y amarillo sobre fondo verde. [Autor/a desconocido/a/ Imagen aportada por Al Jumhuriya]

Nota de Editor: Este artículo es el octavo de una serie publicada en colaboración con Mada Masr para conmemorar el décimo aniversario de la revolución egipcia. También está disponible en árabe.]

¿Qué significa la Primavera Árabe para quienes la vivieron? Diez años es insuficiente para sacar conclusiones sobre este desarrollo aún en curso. Una forma de abordarlo, sin embargo, es a través de lo que los psicólogos de la investigación denominan ‘identidad narrativa’. La teoría de la identidad narrativa propone que las personas llegan a ser quienes son a medida que se ubican a sí mismos en historias. Desde este punto de vista, las narrativas personales sobre los levantamientos árabes son actos, no simplemente de recuerdo, sino también de autodefinición dinámica. Es a través de tal narración que los individuos responden activa y continuamente a la pregunta: ‘¿quién soy yo?’

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Conceptualizar la identidad como una narrativa ofrece una alternativa útil. Ésta visión se contrapone a las tendencias convencionales para equiparar la identidad con la pertenencia a un grupo social, o con características como la etnia, la religión o la nación. Por el contrario, un enfoque narrativo trata la identidad como un proceso continuo. Para citar a la psicóloga Monisha Pasupathi, «la identidad no es algo que las personas construyen y luego poseen, sino que […] es un problema que debe resolverse de manera continua a lo largo de la vida de los individuos”. Centrarse en la narrativa, también discute con aquellos que argumentan que el propósito principal de la identidad es la necesidad de los humanos de separarse a sí mismos y a los demás en grupos de amigos y grupos externos de enemigos. Entender la identidad como la historia en evolución que la gente cuenta sobre sí misma insiste en cambio en que la función principal de la identidad es la creación de significado.

Para ilustrar la utilidad de este enfoque, me basaré en mi proyecto en curso en el que entrevisté a cientos de refugiados y migrantes sirios alrededor del mundo. Breves extractos de tres entrevistas abordan tres esferas principales de la experiencia que millones de sirios atravesaron desde 2011. Cada ejemplo ofrece una idea de cómo el pensamiento de uno sobre el propio pasado contribuye a construir la identidad en el presente. Por lo tanto, señala cómo recordar la Primavera Árabe sigue siendo una parte dinámica de la formación de la identidad, diez años después.

La primera experiencia es la protesta. Aquí, Sara recuerda haber decidido participar en una manifestación por primera vez:

“Me detuve en la puerta y me pregunté: ¿Estás lista para soportar las consecuencias o no? (…) Te ponés del lado de tu gente. Estás defendiéndote a vos misma, porque sos parte de esas personas (…) Antes de eso, te sentías rota. Siempre decías ‘sí’. Esta fue la primera vez que dijiste ‘no’. (…) Esa primera manifestación fue el evento más hermoso de mi vida. Fue como el día en que nací (…). Lo más importante en esta etapa es proteger la última esperanza que le queda a la gente (…) y recuperar la confianza en nosotros mismos. Confianza en que todavía podemos decir ‘No’ y que, en algún momento, triunfaremos”.

En el relato de Sara, la disidencia es fundamental para su sentido de sí misma posterior a 2011. Esto se refleja en la idea de que su primera manifestación fue similar a un renacimiento. La esencia de su nueva identidad es su capacidad para rechazar un sistema brutal y corrupto. Los últimos diez años golpearon su optimismo sobre las perspectivas de derrotar ese sistema. Mientras conserve la capacidad de decir ‘no’, sin embargo, seguirá siendo la persona en la que se convirtió durante la Primavera Árabe.

La segunda experiencia es la represión. Aquí, Alaa reflexiona sobre su breve encarcelamiento por parte del régimen sirio:

“El segundo o tercer día, miré alrededor de la celda y pensé (…) que estas personas hallaban algún tipo de significado en la vida diaria. Esa es la explicación a la que llegué después de años de pensarlo. Hay un significado más profundo que encontrás en el sufrimiento. No suelo hablar de prisión. Pero estoy en un punto en el que debo hacerlo. Me doy cuenta de que tengo muchas creencias e ideas derivadas de esa muy corta experiencia (…). Ahora estoy en un lugar donde soy feliz. Pero no creo que el objetivo de la vida sea perseguir la felicidad. Es perseguir un significado. Hay un significado en la familia. Hay un significado en el amor. Personalmente, considero que la responsabilidad es muy significativa. Ya sea en mi carrera o simplemente hablando con un amigo que está pasando por un momento difícil.”

Para Alaa, sufrir la violencia estatal durante la Primavera Árabe es un punto de inflexión en su despertar hacia un nuevo sentido de propósito. El mismo proceso de narrar esa experiencia lo ayuda a entenderla de nuevas formas. Esa comprensión, a su vez, es parte integral de quién es y lo que hace, tanto en lo grande como en lo pequeño.

La tercera experiencia es el desplazamiento. En este caso, Medea considera la huella de 2011 en la manera en que está navegando el exilio:

“Me convertí en quien soy a causa de la revolución. Me hizo una mejor persona. Antes era un poco conservadora. Solo interesada en cosas pequeñas. Limitada. Homofóbica. Sin esta revolución, iba a ser ama de casa en Homs, criar a mi hija para que se preocupara por su belleza y encontrar un marido rico. Ahora, cuando mi hija me pide mi opinión, le digo: sos libre. Intento enseñarle a mi hija: Nunca juzgues. Especialmente en Berlín. En Berlín podés ser vos misma (…) Me sentí en casa dos veces en mi vida. En Homs, cuando empezó la revolución. Y acá en Berlín.”

Medea aprecia Berlín no porque de alguna manera la haya liberado, al contrario de lo que podrían creer algunos europeos o norteamericanos. Más bien, porque Berlín ofrece un espacio donde puede encarnar la misma libertad y autenticidad que descubrió en la revolución siria. La Primavera Árabe la ayudó a ser la persona que es, y sigue viva en quien está criando en su hija.

Estas son solo tres imágenes entre innumerables ejemplos en todos los medios imaginables en los que las personas transformadas por la Primavera Árabe dan voz a sus experiencias. Muestran cómo las revoluciones continúan propagándose no solo a través de los macroprocesos que rehacen la política en Medio Oriente, sino también de las micropolíticas de los individuos que se abren camino en el mundo. También sugieren que contar su historia es nada menos que formar su propia identidad e insistir en el derecho a hacerlo. Y ese sigue siendo uno de los mayores legados de 2011, diez años después.

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Wendy Pearlman es Doctora por la Universidad de Harvard y Profesora de Ciencia Política en la Universidad de Northwestern Union. Su investigación se enfoca en políticas comparadas de Medio Oriente, movimientos sociales, violencia política, refugiados y migración, emociones y movilización y el conflicto árabe-israelí. Es autora de cuatro libros y numerosos artículos académicos.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Al Jumhuriya el 10 de febrero de 2021.

Argelia endurece la represión sobre la prensa

Por Yasmina Allouche para The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

Un grupo de argelinos se manifiesta bajo la atenta mirada de la policía. [Imagen provista por TIMEP/Fuente desconocida]

En una entrevista con el diario francés L’Opinion, el Presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, afirmó que “ningún periodista fue arrestado por serlo, solo por quebrantar el orden público”. La reciente ola de arrestos y encarcelamientos de periodistas es una realidad que no se condice con las palabras de Tebboune. Según Amnistía Internacional, desde que asumió su mandato en diciembre de 2019, la represión de la libertad de expresión alcanzó niveles sin precedentes en el país.

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Después de una elección muy boicoteada, creció la presión para silenciar el disenso. Muchos medios de comunicación digitales fueron censurados, y un número de periodistas fueron detenidos por sus comentarios en redes sociales y cobertura del movimiento de protesta, Hirak.

De acuerdo con el Comité Nacional por la Libertad de Detenidos, cerca de 70 activistas, manifestantes y periodistas se encuentran encarcelados. Las detenciones fueron motivadas por publicaciones de Facebook consideradas criminales, porque “dañan la integridad nacional de Argelia”, “insultan al Presidente de la República” e “incitan a la movilización”.

Como muestra de paz ante las protestas y demandas de reforma, el régimen presentó un plebiscito para reformar la constitución en noviembre. De cara a ello, el gobierno de Tebboune se esforzó por asegurar que la hoja de ruta encuentre la menor cantidad de problemas al silenciar a quienes se oponen al proceso. Una semana antes del referendo, el Ministro de Juventud y Deportes, Sid Ali Khaldi, afirmó que aquellos argelinos insatisfechos con los cambios constitucionales deben simplemente “irse del país”.

Además se produjo la detención de periodistas que cubren los últimos eventos relacionados con el COVID-19. Las autoridades también detuvieron a ciudadanos por filmar y publicar imágenes que exponen las terribles condiciones en las que se hallan los pacientes internados en hospitales pobremente equipados. Esto se aleja de los dichos que el Presidente hizo durante la primera reunión de su gabinete, en enero, cuando pidió proteger la libertad de prensa.

En abril, los sitios de noticias digitales Maghreb Emergent, Radio M e Interlignes fueron bloqueados junto a otros portales tras la aprobación de una vaga enmienda al Código Penal. La nueva legislación criminaliza la difusión de noticias falsas, las cuales son consideradas dañinas al “orden público y la seguridad estatal”. Otra ley aprobada en este contexto fue la de Prevención y Combate a la Discriminación y el Discurso de Odio.

Críticos y activistas dicen que estas nuevas leyes sirven como paraguas para la represión gubernamental sobre las libertades. La ley sobre noticias falsas no distingue entre informes de noticias, redes sociales y portales periodísticos. Estipula penas de prisión que van de 2 a 5 años y multas de DZD 100.000 a 5.000.000 (USD 778 a 3.891).

Inclusive periodistas cuya cobertura fue descrita como neutral no pudieron evitar el arresto. En agosto, el periodista Moncef Ait Kaci, quien trabajó como corresponsal para France24, estuvo detenido durante semanas después de escribir una carta donde se lamentó por la decisión de las autoridades de prohibir su salida del país. Allí, él dijo que: “es terrible y desafortunado ser un joven periodista argelino y tener que sufrir tantas injusticias”.

Tebboune desestimó las críticas de grupos de derechos humanos fruto de la represión. Además, el presidente acusó a observadores como Reporteros Sin Fronteras (RSF) de ‘desestabilizar’ al país. Esta es una retórica ya probada por líderes argelinos que buscan desviar la culpa y denunciar intervención extranjera en asuntos domésticos.

La detención del reconocido periodista y corresponsal de RSF, Khaled Drareni, y la prohibición del canal de la televisión francesa M6 generaron preocupación internacional. La profundización de las restricciones a la libertad de expresión ya se encontraba en la mira durante la presidencia de Abdelaziz Bouteflika (1999-2019).

Este mes, el periodista Mustafá Bendjama fue sentenciado a dos meses de prisión por “incitar una asamblea desarmada” y “oponerse a la realización del ejercicio electoral”. El periodista Abdelkrim Zeghileche, detenido desde el 23 de junio, fue sentenciado el 8 de noviembre a un año de prisión. Recibió una suspensión de 6 meses por “perjudicar a la persona del Presidente de la República” y “esparcir publicaciones que podrían socavar la unidad nacional”. Zeghileche ya había sido condenado y multado por otras ofensas a principios del mismo mes.

En octubre, el corresponsal de El Khabar, Kaddour Atrous, fue sentenciado a seis meses por ‘difamación’. La fiscalía también quiso sentenciar a un año de prisión al Director de Tout Sur L’Algerie, Abdel Hamid Guemache, por publicar un decreto interministerial.

Mientras tanto, el activista Yacine Mebarki fue sentenciado a 10 años de prisión por “ofender al islam”. Se trata de la sentencia más larga otorgada a un miembro del movimiento Hirak desde que comenzaron las protestas. Los fiscales también pidieron una sentencia de 2 años en prisión para el periodista Fodil Boumala por sus publicaciones en redes sociales. Boumala fue liberado en marzo. El periodista El Kadi Ihsane, Director de Radio.info y Maghreb Emergent, fue llamado por las autoridades para una ‘investigación preliminar’.

Estos casos se suman a los de otros periodistas, como Merzoug Touati y Ali Djamel Toubal, sentenciados en junio a dos años de prisión por comentarios en Facebook. Ambos continúan detenidos.

De acuerdo al Índice Mundial de Libertad de Expresión 2020 de RSF, Argelia se ubica en el puesto 146 entre 180 países, 5 lugares más abajo que en 2019.

Los viejos hábitos nunca mueren

La escala de la represión actual puede no tener precedentes. No obstante, ya hubo un caudal constante de periodistas y blogueros encerrados por su contenido durante la presidencia de Bouteflika.

De manera similar al proceso de reforma constitucional de este año, Argelia adoptó reformas constitucionales  en 2016 que incluían garantías para la libertad de reunión y de prensa. Esto fue parte de la promesa de no ahorrar esfuerzos “para consolidar y extender la libertad de expresión”.

A pesar de esto, ese mismo año el periodista anglo-argelino Mohamed Tamalt murió en el hospital de su prisión después de llevar una huelga de hambre de 3 meses. Fue detenido por “difamar a la autoridad pública” después de publicar un poema en Facebook en el que insultaba a Bouteflika. El mes anterior, el periodista independiente Hassan Bouras fue sentenciado a un año de prisión por su documental sobre la violencia policial.

En 1999, durante su primera campaña electoral, Bouteflika se refirió con desprecio a los periodistas críticos como “viejas chismosas en un sauna”. En otra ocasión, también señaló que “los terroristas con plumas” eran tan malos como “los que portan espadas”.

A dos años de su presidencia, se aprobó una ley contra la difamación que penaba con hasta 3 años de prisión a aquellos periodistas que fueran culpables de difamar a funcionarios públicos y militares. Sin embargo, el famoso caricaturista Ali Dilem continuó con su obra a pesar de ser procesado varias veces después de la implementación de esta ley.

En 2004, el gobierno encerró a varios periodistas críticos e impuso un ‘bloqueo temporal’ al canal satelital árabe Al Jazeera. El medio había transmitido a figuras de la oposición criticando abiertamente a generales argelinos y a la política de reconciliación nacional de Bouteflika.

En 2006, Bouteflika promovió un decreto donde se prohibía a la prensa continuar con las investigaciones de abusos contra los derechos humanos durante la guerra civil (1991-2002). Esto fue parte de su estrategia para evitar la rendición de cuentas de oficiales en los altos escalafones de las fuerzas armadas y el gobierno.

En una decisión sin precedente, ese mismo año  Bouteflika anunció un perdón presidencial para aquellos condenados a prisión por “insultar gravemente a funcionarios de Estado, ofender al Presidente de la República, injuriar a las instituciones estatales, difamación e insultos”. El perdón se aplicó a quienes habían apelado su sentencia. Como resultado, fueron liberados periodistas como Mohamed Benchicou, editor de Le Matin, acusado de violar la regulaciones monetarias en represalia por la línea editorial crítica de su diario.

La crisis se avecina

El aumento de la represión, acompañado de las preocupaciones por la incapacidad del gobierno para manejar la pandemia, y el desastre económico presagiado por la caída de los precios del petróleo, son factores que alimentan una tensión que amenaza con estallar en las calles.

Si bien la represión a la prensa y la libertad de expresión puede silenciar la disidencia y reforzar la línea estatal a corto plazo, no puede hacerlo a largo plazo. Sitios de noticias satíricas como el popular El Manchar cerró a principios de este año en protesta por el clima represivo y volvió a publicar contenido nuevamente. En octubre también se lanzó una iniciativa que agrupa a los principales periodistas de Argelia.

Las descripciones de Tebboune acerca de que el país vive un “clima más tranquilo” y las promesas de una ‘nueva Argelia’ contrastan con la detención de jóvenes en ciudades de todo el país. Entre estos se encuentra el poeta Mohamed Tadjadit, de 26 años, encarcelado desde el 23 de agosto, y cuyo único delito fue expresar sus opiniones políticas.

La nueva Constitución puede tratar de consagrar derechos humanos como la libertad de expresión. Sin embargo, pasar de la teoría a la práctica es imposible cuando muchos de sus estatutos en relación con la libertad de prensa, la inclusión política, la familia y los derechos humanos se votan a puerta cerrada en un proceso que constantemente carece de transparencia. Tampoco ayuda a que el gobierno gane confianza en torno a sus promesas de reforma cuando tantos procesos de enmienda constitucional, a lo largo de los años, no lograron convertirse en reformas verdaderas.

El movimiento Hirak puso fin a 20 años de presidencia de Bouteflika el año pasado, y llevó a muchos de sus ministros y principales asesores a la cárcel. Sin embargo, los obstáculos posteriores a la democratización y la cohesión social son el resultado de la resistencia del régimen a adherir a cualquier hoja de ruta política que no garantice su continuidad. Esto bloquea cualquier posibilidad de diálogo genuino.

Si no se atiende gran parte de las preocupaciones centrales de Hirak en torno a las demandas democráticas y populares de reformas, es poco probable que funcione la antigua estrategia del gobierno de ganar más tiempo con reformas falsas. Esto se debe especialmente al contexto de una economía colapsada, el inminente malestar popular y la reciente escalada de violencia en la disputada región del Sahara Occidental.

Las demostraciones de Tebboune de perdonar a los detenidos a lo largo del año, en un intento de apaciguar al Hirak, es insuficiente siendo que las celdas fueron ocupadas rápidamente por muchas de las mismas personas. Aunque es probable que su mandato sea breve, los problemas estructurales no atendidos simplemente pasarán al próximo jefe de Estado quien será cuidadosamente seleccionado.

Argelia debe revisar su legislación penal para garantizar que las medidas vigentes respecto de la libertad de expresión y de asociación estén alineadas con los derechos humanos fundamentales. Medidas alternativas para combatir la difusión de información falsa que no restrinjan el derecho a la libertad de expresión deben ser la vía adoptada por el gobierno, así como la despenalización de la difamación.

Sin embargo, se volvió costumbre en Argelia que ante la falta de acciones honestas, las promesas no se ven reflejadas en hechos verdaderos. Por eso mismo, es poco probable que la situación actual cambie significativamente en medio de las preocupaciones por el aumento de la turbulencia interna.

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Yasmina Allouche es Magíster en Estudios de Conflictos Internacionales por el King’s College de Londres, se desempeña como periodista y su trabajo se enfoca en la dinámica sociopolítica de los países del Norte de África, especialmente Argelia.

N.d.T.: El artículo original fue publicado el 17 de noviembre de 2020 por TIMEP.

El gobierno argelino aumenta la presión sobre el movimiento Hirak

Por Alessandra Bajec para The New Arab

Dos líderes clave del movimiento de protesta argelino Hirak, Karim Tabbou y Samir Benlarbi, serán liberados por indulto presidencial, según anunció Sosiane Djilali, líder de un partido de la oposición.

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Tabbou es una figura emblemática del movimiento que inició las manifestaciones pacíficas que obligaron a renunciar al autoritario gobernante, Abdelaziz Bouteflika, en abril de 2019.

Además, es fundador del ahora prohibido Partido de la Unión Social y Democrática y fue arrestado por primera vez, en septiembre del año pasado, acusado de “socavar la unidad nacional”. Desde entonces, permanece en confinamiento solitario. Su juicio se tendría que haber realizado el lunes 22 de junio pero se aplazó una semana. Ya había sido pospuesto dos veces en abril.

Luego de pasar seis meses en prisión, se esperaba que el líder político fuera liberado a fines de marzo para que cumpla con la condena en suspenso.

Sin embargo, fue sentenciado a un año de prisión el 24 de marzo y se le sumó una multa de 50.000 dinares argelinos (USD 400) acusado de “incitar a la violencia” y “dañar la seguridad nacional”. Los cargos fueron elevados luego de que Tabbou compartiera en la página de Facebook de su partido político, un discurso donde criticaba el rol político del ejército.

Los abogados de derechos humanos calificaron al juicio como injusto debido a la falta de notificación a la defensa y al colapso del acusado en la sala del tribunal.

Además de Tabbou, otros líderes de la oposición, activistas de la sociedad civil, periodistas y manifestantes fueron perseguidos recientemente por las autoridades argelinas, sólo por expresar opiniones críticas en medio de la pandemia por el coronavirus. 

“Argelia usa la pandemia de COVID-19 para aumentar la intimidación al movimiento de protesta y para emitir severas sentencias contra los prisioneros. Docenas de manifestantes arrestados durante el año pasado permanecen encarcelados mientras casi 10 mil criminales comunes han sido liberados”, tuiteó a fines de abril, Sarah Leah Whitson, abogada y ex directora del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) para Medio Oriente y Norte de África. 

Los grupos de derechos humanos y la sociedad civil argelina han expresado su seria preocupación frente al aumento de la represión contra los disidentes. 

El 17 de marzo, el presidente Abdelmadjid Tebboune, ordenó la prohibición de todas las reuniones públicas como parte de las medidas del gobierno para contener la propagación del virus. Por su parte, el movimiento Hirak ya había suspendido las protestas a la luz de la crisis sanitaria mundial.

De hecho, cuando el movimiento de oposición celebró su primer aniversario, a finales de febrero, activistas y críticos en todo el país comenzaron a ser arrestados, convocados para ser interrogados o sentenciados a la cárcel con mayor frecuencia.

“El régimen argelino ha cometido un gran error al aumentar la represión contra su propio pueblo”, dijo a The New Arab el activista argelino de derechos humanos, Rabah Arkam.   “Ha explotado el confinamiento para tratar de silenciar las voces libres; una mala manera para manejar la situación durante la pandemia”. 

Recientemente, la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), informó que las autoridades recurrieron a la detención abusiva y provisional de forma rutinaria, ignorando por completo los derechos garantizados por el sistema judicial de Argelia, en oposición a las obligaciones asumidas a través de los tratados y convenios internacionales.

También, descubrieron que la mayoría de los detenidos políticos enfrentan acusaciones ambiguas como “socavar la unidad nacional”, “dañar la seguridad nacional y la moral del ejército”, basadas ​​en publicaciones en redes sociales.

“El gobierno ha aprovechado esta tregua sanitaria para enfrentarse a los activistas de Hirak y afirmar su poder”, dijo el vicepresidente de LADDH, Sahi Salhi. “Casi todos los días vemos que se emite una orden de arresto o se enjuicia a alguien”. 

Hace más de un año el movimiento Hirak demanda la creación de un gobierno democrático y el fin del régimen militar. Además, denunciaron que las elecciones presidenciales de diciembre pasado fueron una farsa, y consideraron a todos los candidatos como “parte de la cúpula gobernante”. 

Las figuras más reconocidas e influyentes del movimiento Hirak, como también los periodistas independientes, han sido el objetivo principal de Le Pouvoir (El Poder). 

El destacado periodista Khaled Drareni, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que ha cubierto desde el principio las manifestaciones en la capital, Argel, se encuentra bajo prisión preventiva.

Debido a su cobertura, Drareni fue detenido dos veces en marzo, acusado de “incitar a la protesta pacífica” y “dañar la integridad nacional”. Su última orden de arresto fue emitida a pesar de que los tribunales se encontraban cerrados, como parte de las medidas sanitarias adoptadas para combatir el coronavirus.

Samir Benlarbi y Slimane Hamitouche, ambos miembros principales del movimiento popular, permanecen detenidos desde marzo por “dañar la unidad nacional” y participar de una “reunión ilícita”.

El opositor político Rachid Nekkaz, fue arrestado en diciembre por compartir un video en las redes sociales donde incitó al ataque de los diputados que se preparaban para votar la ley de hidrocarburos. Se enfrenta a la pena de muerte, acusado entre otras cosas, de “incitar a los ciudadanos a tomar las armas”.

Toufik Hassani, un famoso ex policía, fue arrestado en varias ocasiones después de hacer público su apoyo al movimiento Hirak. Su caso aún está bajo investigación. Asimismo, la militante de la oposición, Amira Bouraoui, fue condenada a dos meses de prisión y a una multa de 200.000 dinares argelinos (USD 1.550).

Más allá de la persecución a disidentes de alto perfil, también hubo una serie de arrestos de jóvenes debido al contenido publicado en redes sociales.

Walid Kechida, un defensor del movimiento Hirak de 25 años de edad, fue encarcelado a fines de Abril por crear una página de Facebook donde publicó memes satíricos contra el gobierno. Se lo acusa de ofender al presidente y atacar las leyes religiosas. Enfrenta una condena de cinco años de prisión.

Otros tres jóvenes activistas fueron condenados, en Mayo, a largas penas de prisión por sus publicaciones en Facebook. Uno de ellos, Soheib Debagahi, fue sancionado a un año de prisión después de ser acusado de alentar una reunión ilegal, insultar a un organismo oficial y publicar material potencialmente dañino. Los otros dos, Larbi Tahar y Boussif Mohamed Boudiaf, enfrentaron acusaciones similares y fueron castigados un año y medio a prisión cada uno. 

Según el último recuento del Comité Nacional para la Liberación de Detenidos (CNLD), unos 50 presos políticos permanecen bajo custodia policial. La mayoría de ellos están asociados con las protestas populares del movimiento Hirak.

Según informan diferentes grupos y abogados locales de derechos humanos, desde febrero de 2019, se han realizado más de 1.400 juicios a manifestantes. 

A pesar de la pandemia, las autoridades argelinas continúan esforzándose por tratar de silenciar a la disidencia política. La tarea incluyó a la prensa independiente y significó la censura de varios medios de comunicación digitales en las últimas semanas. 

La semana pasada, el gobierno extendió la cuarentena a la mayor parte del país. Los observadores afirman que la decisión pretende evitar la reanudación de las protestas populares, suspendidas en marzo. La decisión indica que las autoridades temen un regreso del movimiento Hirak. 

Arkam le dijo a The New Arab que la extensión de la cuarentena estaba “políticamente motivada”, y que no respondía una cuestión sanitaria. Él cree que puede prolongarse aún más. En su opinión, ‘el Poder’ continuará tomando medidas drásticas e intentando “maniobrar” y “dividir” el movimiento de protesta, porque es el mismo antiguo régimen autoritario que ha gobernado el país, desde su independencia en 1962.

“Actualmente, tenemos una clase dominante compuesta por personas mal elegidas que sólo trabajan para ellos mismos. No para el pueblo argelino”, enfatizó el activista. “Los argelinos simplemente exigen un cambio real y pacífico”.

Salhi confía en que los manifestantes de Hirak volverán a las calles una vez que se termine la cuarentena, por lo que el régimen insiste en “tratar de debilitar” el movimiento de oposición. Además señaló que es una cuestión de “voluntad política”.

“Desde febrero de 2019, estamos buscando una transición hacia la democracia que vaya más allá de todos los cálculos individuales o grupales para garantizar al ciudadano argelino sus derechos y libertades”, dijo el activista de derechos humanos. 

En medio de la crisis del coronavirus, la presidencia argelina dio a conocer su proyecto de reforma constitucional, prometiendo garantizar más derechos fundamentales y libertades públicas. Esto sucede en un momento en que las autoridades encarcelan y procesan a cualquiera que hable y diga la verdad. 

“Es irónico, como mínimo, prometer más derechos y libertades cuando al mismo tiempo se están llenando las cárceles argelinas”, dijo la investigadora residente del Carnegie Endowment for International Peace, Dalia Ghanem, en una entrevista con Jeune Afrique. “El gesto tan esperado hubiera sido liberar a los presos de conciencia y activistas, tan pronto como se convocara la elección”. 

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Alessandra Bajec es Magíster en Resolución de Conflictos y Licenciada en Ciencias Políticas y se desempeña como periodista independiente con base en Túnez. Su trabajo ha sido publicado, entre otros, por Middle East Eye, The New Arab, TRT World, The Majalla y Al Ahram Weekly.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por The New Arab el 3 de junio de 2020.