Por Dima Samaro para Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Un manifestante sostiene un billete de diez dinares junto a una pancarta que dice: «El mundo es nuestro.» [Chedly Ben Ibrahim/Getty]
En octubre, el Parlamento tunecino retiró la versión más reciente de una ley de protección policial que había intentado aprobar en repetidas ocasiones a pesar de la fuerte oposición. De haber sido aprobado, el nuevo proyecto de ley sobre la «protección de las fuerzas de seguridad» impondría sanciones penales desproporcionadas por diversos actos que ponen en peligro la seguridad, eximiría a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal cuando utilizaran la fuerza letal y reforzaría la impunidad que podría allanar el camino para que los efectivos no rindan cuentas.
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Esto se produjo en el marco de esfuerzos constantes por hacer resurgir en la agenda parlamentaria leyes consideradas represivas e incompatibles con la Constitución y las normas internacionales, que posiblemente hubieran llevado a que las fuerzas de seguridad no deban rendir cuentas por sus actos. Peor aún, dados los crecientes abusos de las fuerzas de seguridad contra los activistas y opositores, tales proyectos de ley despiertan en la población tunecina el temor de estar cediendo los derechos y libertades alcanzados a lo largo de una década de lucha contra el régimen represivo de Ben Ali.
La noción de aprobar una ley que penalice los ataques a las fuerzas de seguridad no es nueva en el país. Fue propuesta por primera vez en la Asamblea Nacional Constituyente por el ex Primer Ministro, Ali Larayadh, en 2013 en respuesta a los ataques terroristas contra las fuerzas armadas. Desde finales de 2012, decenas de policías y soldados murieron en estas acciones. No obstante, la propuesta encontró una feroz oposición de grupos de derechos humanos y varios partidos políticos.
En junio de 2015, los ataques contra el Museo Bardo en la capital tunecina y en un balneario en la ciudad costera de Susa hirieron y mataron a decenas de personas, la mayoría turistas extranjeros. Cinco meses después, 12 guardias presidenciales murieron en un atentado contra un autobús cerca del Ministerio del Interior.
Luego de estos ataques, se elaboró un proyecto de ley para la “represión de ataques contra las fuerzas armadas”- una primera propuesta post revolucionaria para reforzar la impunidad – con la aprobación del Ministro del Interior y los sindicatos de las fuerzas de seguridad. En 2017, hubo otro intento fallido de aprobar la ley. Después de tres años de aplazar la revisión de la ley, en julio de 2020 el Comité Legislativo General aprobó un nuevo proyecto de ley para la “protección de las fuerzas de seguridad”.
Una protección insuficiente de derechos y libertades fundamentales
La versión inicial del proyecto de ley, presentada al Parlamento en abril de 2015, contenía una serie de disposiciones problemáticas. Por ejemplo, autorizaba cargos penales contra las expresiones consideradas ‘denigrantes’ para la policía. Además, limitaba el derecho de acceso a la información, al tiempo que preveía una larga lista de sanciones penales de hasta 10 años de prisión y fuertes multas por obtener o publicar información de seguridad o militar sin autorización previa.
Si bien estas disposiciones alarmantes fueron eliminadas del último proyecto de ley, varias cuestiones problemáticas que potencialmente infringen el derecho constitucional e internacional continúan presentes en el texto. Por ejemplo, el Artículo 7 otorga a las fuerzas de seguridad inmunidad penal por el uso de la fuerza letal excesiva al repeler ataques contra ciudadanos en circunstancias percibidas como “amenazas graves”. Esto supone una flagrante violación de los principios de igualdad entre los ciudadanos y el derecho a la vida para todos los tunecinos (Artículos 21, 22 y 23 de la Constitución).
Conceptos vagos sin definiciones como “amenazas graves” socavan los derechos y las libertades, y dejan la puerta abierta de par en par para que las fuerzas de seguridad justifiquen sus actos y el uso del poder bajo el pretexto de la legítima defensa. Esto representa una preocupación, dados los ataques regulares contra los activistas en las redes y en las calles bajo el estado de emergencia vigente, desde noviembre de 2015. Durante todo este período, las autoridades tuvieron el poder de restringir las protestas, limitar el derecho a la libertad de reunión, censurar publicaciones y arrestar a cualquier persona acusada de alterar el orden público.
Asimismo, la Comisión Parlamentaria decidió en su último plenario clasificar al proyecto como ‘ley orgánica’ en lugar de ‘ordinaria’, acorde con lo prescripto por la Constitución. Si bien las leyes orgánicas y ordinarias son promulgadas por el Parlamento, las primeras se refieren a cuestiones específicas relativas a los derechos humanos y los derechos fundamentales (Artículo 28 de la Constitución) y requieren de la aprobación por una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento (50% más uno). En cambio, una mayoría simple es suficiente para la aprobación de una ley ordinaria. Esto demuestra aún más la importancia que las autoridades dan a este proyecto de ley, dadas sus implicancias para los derechos y libertades fundamentales.
Represión de las protestas pacíficas y el discurso en línea
Durante los últimos cinco años, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos lucharon constantemente contra la aprobación de este proyecto de ley. El 6 de octubre, al comienzo de la segunda sesión legislativa, el Parlamento presentó 10 proyectos de ley a sesión pública para su revisión y aprobación en menos de dos semanas. Cuatro de estos proyectos de ley fueron considerados ‘peligrosos’ por organizaciones de la sociedad civil. Estos incluyen el proyecto de ley de protección policial, junto a otros que representan una amenaza para los derechos humanos, como el proyecto de ley del estado de emergencia y los proyectos de enmienda al Reglamento de medios de radiodifusión. Como resultado, más de 20 grupos de derechos humanos unieron fuerzas y emitieron una declaración conjunta denunciando el “alarmante retorno legislativo”. A su vez, instaron al Parlamento a emprender acciones inmediatas, derogando el proyecto de ley de protección policial, a pesar de los cambios que se le habían hecho.
Después de los llamados de grupos de la sociedad civil locales e internacionales, decenas de manifestantes tomaron las calles en el barrio tunecino de Bardo. Se movilizaron frente al Parlamento para pedir a los legisladores que retiraran el proyecto de ley y lo eliminaran por completo de la agenda. La policía respondió con violencia física contra los manifestantes. Cuatro manifestantes fueron detenidos por “participar en un motín” durante tres horas en la Comisaría de Bardo y se les negó el acceso a abogados.
Los activistas fueron liberados en menos de 24 horas, pero las violaciones contra quienes se oponen al proyecto de ley también se trasladaron a las plataformas de las redes sociales. Varias páginas de Facebook asociadas al sindicato policial publicaron fotos de manifestantes junto a las consignas que levantaron durante las protestas, nombrandolos, humillandolos y amenazandolos con tomar medidas por ‘haber denigrado’ a las fuerzas de seguridad.
Entre esos activistas se encuentra Wajdi Al Mahawashi, sentenciado recientemente a dos años de prisión por “insultar al poder judicial”. Sin embargo, el abogado de Al Mahawashi sostuvo que su participación en la protesta contra el proyecto de ley representa la “verdadera razón detrás de este caso”. Wajdi había publicado una foto de sí mismo durante la protesta, donde sostenía billetes de papel en dinares tunecinos frente a agentes de policía para simbolizar la corrupción. Su foto se compartió ampliamente en las plataformas de redes sociales. El 7 de diciembre, otros seis activistas fueron citados y algunos arrestados. Entre ellos se encontraban, Saif Ayadi y Hamza Nafsri por su afiliación con Hasebhom, un movimiento ciudadano liderado por jóvenes que luchó constantemente contra la aprobación del proyecto de ley de protección policial desde 2017. Según Hasebhom, las acusaciones contra los activistas incluyen la obstrucción de la vía pública, agresiones y denigración de las fuerzas de seguridad, y violación de la Ley de Emergencia. Abusar de tales cargos contra manifestantes pacíficos muestra hasta qué punto la legislación que promueve la impunidad envalentona las prácticas dañinas de silenciar a los opositores y activistas por los derechos humanos.
Implicancias para la transición democrática
El 12 de octubre, tras una oposición constante al proyecto de ley y las protestas de la sociedad civil y los activistas, el Parlamento aplazó oficialmente la aprobación del proyecto de ley por tiempo indefinido. Esta decisión surgió a pedido del Presidente Kais Said, dada su importancia y la necesidad de que haya condiciones adecuadas para su debate. Si bien ya no está en la agenda legislativa, esto no significa que el proyecto de ley no se revisará nuevamente, especialmente tras cualquier futuro ataque terrorista.
Estas leyes represivas deberían dejar de existir o justificarse, especialmente a la luz de la transformación democrática, social y política que vive el país. Además, las fuerzas de seguridad se benefician de un amplio arsenal legal. El proyecto de ley de protección policial aborda una serie de cuestiones que ya están contempladas en otras regulaciones del Código Penal, los estatutos generales de las fuerzas de seguridad internas y la Ley Antiterrorista.
Ante la ausencia de estabilidad política en Túnez, permitir la impunidad de las fuerzas de seguridad podría facilitar la represión de activistas y opositores en un país donde la libertad de expresión fue uno de los logros posrevolucionarios más tangibles tras la caída del régimen de Ben Ali. Asimismo, a la luz de los juicios en curso y la detención arbitraria de activistas, el futuro del derecho a la libertad de reunión y circulación bajo el proyecto de ley y la inmunidad que ofrece a las fuerzas de seguridad, puede conducir a la reducción del espacio cívico—dentro y fuera de las redes—,vaciar la democracia y reducir la oposición en el país.
En lugar de discutir y promulgar leyes represivas utilizadas para suprimir la libertad de expresión y profundizar una brecha de desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, el gobierno tunecino debería seguir aspirando a reformas legales y políticas, con especial atención al sector de la seguridad y a la reforma policial. En este sentido, se deberían reforzar la rendición de cuentas y rechazar las políticas y regulaciones represivas que protegerían a las fuerzas de seguridad, como el proyecto de ley de protección policial. A su vez, las autoridades tunecinas deben garantizar que cualquier nueva legislación mantenga la capacidad de la sociedad civil para funcionar libremente, incorporando protecciones sólidas a los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis sanitaria y estado de emergencia. Esto debe incluir no sólo el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación, sino también el derecho a la vida y el derecho a no ser objeto de arresto o detención arbitrarios.
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Dima Samaro Licenciada en Derecho por la Universidad An Najah, Palestina. Además es investigadora visitante en el King’s College de Londres y ex alumna de la Escuela de Medio Oriente sobre Gobernanza de Internet y Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab). También es abogada y analista política en Access Now. Participó como investigadora legal en la Comisión Internacional de Juristas para Túnez.
N.d.T.: El artículo original fue publicado el 17 de diciembre de 2020 por TIMEP.
De izquierda a derecha, Hanna Nasir, de la Organización para la Liberación de Palestina, y Mahumd Abbas, presidente de Palestina. [APA Images]
El pasado mes de septiembre, el Presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, renovó su promesa de celebrar elecciones parlamentarias y pidió la presencia internacional para supervisar el proceso. Abbas ha hablado esporádicamente de elecciones desde principios de 2019, y muchos de sus críticos sostienen que no hace más que ofrecer letra muerta a quienes piden democratización en el territorio palestino ocupado. De hecho, cuando Abbas llegó a la presidencia en 2005, tenía un mandato presidencial de cuatro años. Al momento de escribir estas líneas, supera su mandato electoral por más de una década, y su estrategia de gobernar por decreto presidencial, así como el creciente autoritarismo de la AP, genera que muchos cuestionen su sinceridad cuando habla de democracia palestina.
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Se puede argumentar que las convocatorias a elecciones son el intento de la AP de renovar su legitimidad en un momento en el que su imagen positiva está por el suelo y su posición en la escena diplomática mundial es la más vulnerable que haya tenido. Ciertamente, la presión interna y externa por un proceso electoral está en su punto más alto. Sin embargo, mientras los actores internacionales están deseando que las elecciones sigan adelante, varias facciones políticas palestinas le solicitaron a Abbas que celebre una reunión nacional para acordar una serie de cuestiones antes de fijar una fecha. Hasta el momento, Abbas rechaza este llamamiento y, de forma bastante irónica, es probable que siga adelante con las elecciones mediante un decreto presidencial. Lo más importante y sorprendente para muchos dentro de Al Fatah, es que Hamás aprobó la celebración de los comicios legislativos y presidenciales. El obstáculo que queda es la cuestión de realizar las elecciones en Jerusalén Este.
Abbas declaró que las votaciones no se celebrarán a menos que sucedan en la capital palestina, y la AP presentó una solicitud oficial a las autoridades israelíes en este sentido. Los israelíes aún no respondieron a este pedido, pero en general reprimen la actividad política de la AP en Jerusalén, alegando la soberanía israelí sobre toda la ciudad. Esta represión trasciende a la AP, abarcando la detención de figuras políticas y activistas, así como el cierre de instituciones culturales palestinas. Es poco probable que algún gobierno israelí permita la celebración de elecciones palestinas en Jerusalén, ya que hacerlo supondría reconocer la presencia legítima de los palestinos en la ciudad y, por lo tanto, cuestionar la pretensión israelí de soberanía sobre toda la metrópoli. Abbas y otros funcionarios, como Saeb Erekat, comentaron que la cuestión de Jerusalén podría impedir la realización de los comicios.
La teatralidad política mencionada anteriormente eclipsa un debate más amplio sobre la democracia palestina. Aunque las elecciones pueden parecer un proceso democrático importante, efectuarlas en Cisjordania y en la Franja de Gaza, dado el actual statu quo, sería contrario a la democracia. De hecho, simplemente afianzarían un sistema que no permite un espacio democrático y que no busca producir un liderazgo democrático y representativo.
Este comentario considera los elementos de una democracia significativa y rastrea la historia de liderazgo y práctica democráticos de los palestinos. Sostiene que los palestinos, sin idealizar el pasado, deben aprovechar las experiencias previas para lograr la liberación, un proceso que supera con creces las elecciones propuestas.
Elecciones palestinas: contrarias a la democracia
La democracia suele definirse como una forma de gobierno con un liderazgo representativo y sujeto a responsabilidad. Schmitter y Karl la definen en los siguientes términos: «La democracia política moderna es un sistema de gobierno en el que los mandatarios deben rendir cuentas de sus actos en el ámbito público a los ciudadanos, que actúan indirectamente a través del concurso y la cooperación de sus representantes elegidos».
En particular, esta definición destaca la «ciudadanía» como parte esencial de la democracia, ya que dicta quién puede participar en el sistema. Así, la ciudadanía sirve simultáneamente como mecanismo de inclusión y exclusión. Hay muchos tipos de democracias con prácticas que varían en función de las condiciones sociales, políticas, históricas y económicas particulares que caracterizan al Estado. La regulación y la propiedad colectiva de los bienes tipifican los enfoques socialistas de la democracia, mientras que los enfoques liberales «abogan por circunscribir el ámbito público lo más estrechamente posible».
También, se espera que las democracias promuevan la práctica democrática, incluida la pluralidad política, no sólo en las instituciones gubernamentales sino en todos los ámbitos de la sociedad. Este es un punto importante porque muchos asumen peligrosamente, sobre todo en Cisjordania y Gaza, que las elecciones son intercambiables con la democracia. Esto no es así: aunque las elecciones son una práctica o procedimiento técnico que bien puede ser producto de un proceso y una cultura democráticos significativos, también pueden formar parte de una sociedad en la que escasean o están ausentes las características democráticas. De hecho, las elecciones democráticas deben formar parte de un conjunto más amplio en el que exista una responsabilidad democrática en toda la sociedad y en el que se acepte y fomente la pluralidad política. Un somero vistazo a Cisjordania y a Gaza revela que este no es el caso: más bien, dos autoridades funcionan cada vez más como Estados policiales autoritarios en el contexto de un régimen colonial de asentamientos cada vez más militarizado.
Una historia de liderazgo y práctica democrática en Palestina
Los palestinos nunca tuvieron un espacio realmente libre de intervención externa para practicar la democracia. Desde el Imperio Otomano hasta el Mandato Británico y el Estado de Israel, los regímenes imperiales y coloniales impusieron medidas represivas contra la política palestina y la expresión democrática. A pesar de estas circunstancias, los palestinos reclaman constantemente su agencia política. La toma de posesión de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) por parte de Fatah, en 1969, fue uno de los primeros grandes ejercicios palestinos de acción democrática. Los Estados árabes habían creado la OLP en gran medida para intentar cooptar la lucha de liberación palestina. La toma de posesión trajo consigo una era de pluralismo político e incorporó no sólo a partidos políticos, sino también a sindicatos y otros grupos. Al mismo tiempo, aunque se produjo un aumento de la práctica democrática, hubo descontento con los métodos cada vez más autoritarios de Yasser Arafat para nombrar y confirmar a los representantes, así como una representación excesiva de las élites de la diáspora, aunque esto era quizás un hecho inevitable teniendo en cuenta que la OLP era, sobre todo, una manifestación de los refugiados en el exilio.
Israel consideraba a esta OLP reformada, encabezada por Arafat, una grave amenaza, e intentó marginarla y socavarla. En 1976, por ejemplo, las autoridades israelíes impusieron elecciones municipales en toda Cisjordania para crear zonas administrativas autónomas que negocien directamente con las autoridades de ocupación. La administración de ocupación israelí esperaba instalar líderes locales que sustituyeran y socavaran la autoridad de la OLP, aún en el exilio, como representante de los palestinos. El semanario del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Al Hadaf, señaló que el régimen israelí estaba dando a los palestinos la fachada de la autonomía en el marco del Estado israelí. Sin embargo, estas elecciones hicieron lo contrario de lo que el régimen israelí esperaba: dieron lugar a la elección de representantes afines a la OLP, consolidando la legitimidad de la organización a los ojos de la población en Cisjordania y Gaza.
La democracia política palestina alcanzó su punto más alto en los años 80 y principios de los 90, durante la Primera Intifada. George Bisharat lo describe como “el movimiento más democrático del pueblo palestino, una verdadera oleada de sentimiento y activismo de base que desplazó momentáneamente la iniciativa política de las manos de los ancianos de la diáspora y de los manipuladores políticos, a las manos de un liderazgo juvenil descentralizado en Cisjordania y en la Franja de Gaza”.
Una dirección unificada de grupos de la sociedad civil y otros que trabajan para desbaratar el régimen israelí dirigió la movilización durante este período. Varios sindicatos, grupos de estudiantes, cooperativas y comités populares consolidaron un consenso revolucionario para formar una «autoridad popular». Linda Tabar explica que este «poder popular palestino se centró en la creación de nuevas estructuras que pudieran ofrecer una alternativa a la explotación económica capitalista y a la dominación patriarcal». La Primera Intifada fue también un periodo en el que las mujeres intensificaron su labor de irrumpir en los espacios políticos y de movilización, antes dominados por los hombres. Sin embargo, aunque esa etapa mostró signos prometedores de una democracia revolucionaria puesta en práctica, se deshizo rápidamente con el inicio de los Acuerdos de Oslo. El sofocamiento de la Primera Intifada y el inicio de las negociaciones entre la OLP e Israel iniciaron un proceso de despolitización de la lucha palestina.
En Oslo se creó la AP que debía auspiciar de gobierno provisional y embrión de un Estado palestino en ciernes. Con una escasa capacidad para recaudar sus propios fondos, se financió en gran medida, a través de donaciones que inundaron Cisjordania y Gaza bajo los auspicios de la creación de instituciones y la promoción de la democracia. Sin embargo, el verdadero objetivo de la ayuda – consolidar las políticas neoliberales y reforzar el aparato de seguridad de la AP – no sólo reveló una agenda de donantes profundamente enquistada, sino que también ilustró lo que Leila Farsakh describe como un proceso de «desdemocratización». Farsakh sostiene que este proceso es el resultado de la marginación deliberada de «los partidos políticos, las instituciones parlamentarias, los sindicatos [y] los comités populares» en favor de las ONG, así como de la búsqueda de una «agenda neoliberal que hace del mercado el agente central del cambio».
La prioridad internacional/donante de la AP sobre la OLP, así como los factores políticos internos que contribuyeron a la marginación de la OLP, hicieron que la primera suplante a la segunda. Sin embargo, a diferencia de la OLP, que se ganó la legitimidad popular como representante del pueblo palestino en todos sus sectores geográficos, sociales y políticos, la AP sólo es responsable de las poblaciones palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza. En otras palabras, la creación de la AP condujo a la limitación deliberada de Palestina y la sociedad palestina a Cisjordania y a Gaza, lo que produjo la privación de derechos de los palestinos en otros lugares. Sin embargo, el creciente control de Al Fatah sobre la AP, así como su mala gestión, la corrupción y la erosión sistemática de los derechos democráticos, también amplificaron los sentimientos de exclusión política dentro de las zonas que supuestamente administra.
La victoria de Hamás en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino de 2006 fue una reacción a la insostenible situación creada por el régimen de Oslo. Los palestinos de Cisjordania y Gaza expresaron en las urnas su descontento con la AP controlada por Fatah. Esta expresión fue inmediatamente rechazada por la comunidad internacional, que impuso sanciones a la AP que se extendieron a la suspensión total de la ayuda a los palestinos. A continuación se produjo la batalla entre Al Fatah y Hamás, que tuvo como resultado la expulsión de Al Fatah de Gaza y la imposición de un asedio militar a la franja costera que continúa hasta hoy.
Construyendo democracia real en Cisjordania y la Franja de Gaza
El espacio para la práctica democrática y política en Cisjordania y la Franja de Gaza se ha ido reduciendo. La monopolización de la AP y la OLP por parte de Fatah en Cisjordania – y la monopolización paralela de Hamás en Gaza -, así como la consolidación del poder por parte de Abbas y sus aliados más cercanos, condujeron al afianzamiento de un sistema de partido único. Para mantener este monopolio del poder político, la AP se está volviendo cada vez más autoritaria reprimiendo con frecuencia a la oposición política, incluidos a los periodistas y a los activistas estudiantiles.
En 2018 Human Rights Watch, exponiendo un análisis similar al de las organizaciones locales de derechos humanos, publicó un informe en el que explicaba cómo las autoridades palestinas “en los últimos años realizaron decenas de detenciones arbitrarias por críticas pacíficas a las autoridades, especialmente en las redes sociales, entre periodistas independientes, en los campus universitarios y en las manifestaciones. A medida que la disputa entre Al Fatah y Hamás se profundiza, a pesar de los intentos de reconciliación, los servicios de seguridad de la AP toman como objetivo a los partidarios de Hamás y viceversa. Apoyándose principalmente en leyes excesivamente amplias que penalizan actividades como causar «luchas sectarias» o insultar a las «autoridades superiores», la AP y Hamás utilizan la detención para castigar a los críticos y disuadirlos a ellos y a otras personas de continuar con su activismo.”
La criminalización por parte de la comunidad internacional de otros partidos políticos, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), también contribuye al ambiente de represión política. Es en este contexto de espacio democrático y político limitado donde debemos considerar las elecciones en Cisjordania y la Franja de Gaza. Las elecciones podrían celebrarse y llevarse a cabo de forma técnicamente libre y justa, superando las normas de los observadores internacionales. Sin embargo, la falta de competencia política y de pluralidad significa que las elecciones no reflejarían una verdadera práctica democrática.
Como expresó Tariq Dana, “para que el proceso electoral tenga sentido y sea productivo, debe desarrollarse en un entorno saludable en el que los criterios democráticos básicos estén integrados en la estructura de las instituciones nacionales, el sistema de partidos políticos, la sociedad civil, el sistema educativo y el marco cultural general.”
En otras palabras, la democracia debe ejercerse de una manera más holística para que las elecciones constituyan una práctica democrática real; de lo contrario, simplemente, refuerzan el régimen gobernante.
Para muchos palestinos, la reacción a los comicios de 2006 demostró lo que ocurre cuando eligen un liderazgo que desafía la agenda política del régimen israelí y de la comunidad internacional de donantes. Además, las secuelas provocaron una división aparentemente impenetrable entre Hamás y Fatah. Unas elecciones sin reconciliación sólo proporcionarán a cada parte la oportunidad de culpar a la otra de sus fallos.
Por lo tanto, no es de extrañar que los palestinos tengan poca confianza en un proceso electoral. Esto nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de democracia es posible bajo la ocupación. El régimen israelí dejó en claro que aplastará las expresiones palestinas de democracia que desafíen la ocupación y el statu quo, que se apoya en un liderazgo palestino subordinado. Además, en este contexto está claro que la AP no logrará la liberación, ni establecerá ningún tipo de soberanía palestina.
La única posibilidad de una democracia significativa para los palestinos es el retorno a un consenso revolucionario logrado a través de la pluralidad y la reconciliación de los grupos políticos, los fragmentos geográficos y los colectivos que se movilizan en torno a una agenda política de liberación. Sin romantizar ni idealizar el pasado, los palestinos deben basarse en experiencias colectivas de expresión y prácticas democráticas que vayan más allá del actual marco limitado de las elecciones.
Este comentario se basa en un artículo publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo en diciembre de 2019.
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Yara Hawari se doctoró en Política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter, donde sigue siendo investigadora honoraria. Además de su trabajo académico, centrado en los estudios indígenas y la historia oral, también es una comentarista política habitual que escribe para varios medios de comunicación, como The Guardian, Foreign Policy y Al Jazeera English.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Middle East Institute el 19 de febrero de 2020.
Los palestinos clasificaron recientemente a la corrupción como el segundo problema más importante al que se enfrentan después de la crisis económica, y por encima de la ocupación israelí, que ocupó el tercer lugar. En efecto, los palestinos suelen considerar a los oficiales de la Autoridad Palestina (AP) como un grupo elitista y egoísta desconectado de la lucha nacional palestina y de los sufrimientos cotidianos de la gente. Esas percepciones se ven fomentadas por el fracaso de los Acuerdos de Oslo, la muerte del proyecto de creación de un Estado palestino y la continua fragmentación del liderazgo político en el contexto de la actual ocupación opresiva de Israel y sus violaciones a los derechos fundamentales de los palestinos.
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A pesar de esta insatisfacción, hubo pocos cambios en las dos últimas décadas, tanto en el nivel de liderazgo superior, como dentro de las filas de las instituciones de la Autoridad Palestina. Siguen siendo una constante los «viejos guardianes» que mantienen un férreo control del poder, la corrupción desenfrenada y sistémica, y la alienación de los palestinos en la participación de la toma de decisiones que afectan a sus vidas y a su futuro.
La realidad actual de la Autoridad Palestina (AP) no se parece en nada a la clase de gobierno palestino prometido desde los agitados años de los Acuerdos de Oslo. Como observó Nathan Brown, «Palestina es, en resumen, un modelo de democracia liberal. Su defecto más significativo es que no existe». Esta discrepancia entre el liderazgo democrático previsto y la realidad puede explicarse por la naturaleza neopatrimonial del sistema político palestino. El neopatrimonialismo es un modelo híbrido en el que las estructuras, leyes y reglamentos del Estado están formalmente establecidos pero son reemplazados por la política informal y las redes de patronazgo, parentesco y tribalismo. En lugar de organizarse en función del mérito, la función pública o los grados administrativos, un régimen neopatrimonial se estructura alrededor de los lazos de lealtad con los que están en la cima de la jerarquía política.
En un contexto institucional en el que los palestinos no disponen de mecanismos para exigir responsabilidades a sus dirigentes, el neopatrimonialismo palestino condujo a una situación impermeable a cambios graves en el liderazgo o el sistema político. Aunque la AP, tras el inicio de la segunda Intifada, comenzó a hacer intentos de reforma, las estructuras políticas palestinas continúan siendo corruptas y fueron capturadas por una facción política, Fatah. Los recursos de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la AP se han canalizado para servir a los intereses de unos pocos a expensas de la mayoría.
La pregunta de qué se puede hacer para remediar esta crisis, no puede responderse sin entender la naturaleza de la corrupción política palestina y cómo llevó a la incapacidad de servir al pueblo palestino, e hizo inútil cualquier intento de reforma. Este informe político examina el neopatrimonialismo y la corrupción palestinos a través de una consideración de la extralimitación de la AP, las prácticas clientelares y la connivencia con Israel, así como las presiones de la comunidad internacional. En última instancia, propone vías para una verdadera reforma, con el objetivo de construir un liderazgo verdaderamente democrático y un sistema de gobierno que represente a todo el pueblo palestino.
La Autoridad Palestina: Excediendo su mandato
Una legislatura y un poder judicial debilitados
Los dos principales órganos políticos palestinos, la Organización de Liberación Palestina y la Autoridad Palestina, deberían ser, en principio, democráticos y representativos tal como se establece en la Ley Fundamental Palestina y en la Constitución de la OLP. Sin embargo, la OLP no sólo fracasó en la misión que lleva en su nombre, sino que tampoco actúa como «único y legítimo representante del pueblo palestino». La debilidad de la OLP puede reflejarse en el hecho de que su brazo legislativo, el Consejo Nacional Palestino (CNP), se reunió en mayo de 2018, después de 22 años de inactividad. La ausencia, durante la cual el «proceso de paz» de Oslo resultó ser un fracaso total, demuestra cómo los dirigentes palestinos impidieron que la OLP cumpliera con su deber como representante de los palestinos, dentro y fuera de los territorios ocupados.
Por otra parte, la Autoridad Palestina, excedió su función de gobierno interino, tal y como se estipula en los Acuerdos de Oslo, y se convierte cada vez más en una fuerza de gobierno autoritaria en Cisjordania. Hamas sigue su ejemplo reprimiendo a la disidencia política en la Franja de Gaza.
El Presidente de la AP, Mahmoud Abbas, disfruta de un poder casi absoluto como la más alta autoridad ejecutiva, un arreglo heredado del ex Presidente Yasser Arafat, a quien a menudo se le atribuye la institucionalización del régimen neopatrimonial. Durante su presidencia, Arafat mantuvo el poder mediante la cooptación y la supresión política.
Desde el cierre en 2007 del brazo legislativo de la AP, el Consejo Legislativo Palestino (CLP), Abbas ha consolidado más poder asumiendo las funciones tanto del poder ejecutivo como del legislativo, promulgando leyes a través de decretos presidenciales y, a menudo, en un proceso que carece de transparencia y de una consulta adecuada con el pueblo.
Entre los decretos legislativos más recientes de Abbas se encuentra la ley palestina sobre delitos cibernéticos de 2017. La ley, a pesar de haber sido modificada tras una protesta pública, permite a las autoridades bloquear los sitios web y vigilar a los usuarios corrientes de redes sociales. Los palestinos pueden ser detenidos por expresar sus opiniones y puntos de vista políticos en línea y ser acusados de «ciberdelitos», castigados con hasta 15 años de prisión.
La toma del poder por parte del ejecutivo, también se extiende al poder judicial. En abril de 2017, jueces, abogados y fiscales palestinos se reunieron en Ramallah para protestar contra un proyecto de enmienda que otorgaría al Presidente palestino la autoridad de nombrar al jefe del Consejo Superior de la Judicatura y al jefe de un comité que supervisa a los jueces. La enmienda, también permitiría la jubilación anticipada de jueces, abriendo la puerta a la interferencia por parte del ejecutivo y amenazando la independencia de los jueces. Bajo tal disposición, los jueces tendrían que pensarlo dos veces antes de emitir un fallo que cuestionara o se opusiera a la autoridad ejecutiva. En un ejemplo de esa presión forzada del ejecutivo, el ex Presidente del Tribunal Supremo, Sami Sarsour, firmó una carta de dimisión sin fecha poco antes de prestar juramento.
El constante fracaso para alcanzar un acuerdo de reconciliación entre Hamas y Fatah, a pesar del anuncio de un gobierno de unidad nacional a principios de 2017, también dice mucho sobre el monopolio de poder de Fatah y su marginación de otros actores políticos palestinos y sus circunscripciones. El reparto del poder es un requisito previo para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional sólido, y requiere cambios fundamentales en la configuración política actual.
Patronazgo y lealtad
Como resultado del control de Fatah sobre la AP y la OLP, la maquinaria administrativa y política palestina funciona con dinámicas de inclusión vs. exclusión y de recompensa vs. castigo, fundamentalmente, en función de la lealtad. Los nombramientos de cargos públicos y los ascensos, por ejemplo, se conceden o retiran no en función del rendimiento o el mérito profesional sino del nivel de lealtad a la dirigencia.
Por ejemplo, los titulares de los cargos superiores de la AP han sido invariablemente nombrados. Las descripciones de los puestos no se publican, ni existen criterios abiertamente establecidos para determinar las escalas de puestos, los salarios, los ascensos, los beneficios y las bonificaciones. Según la Coalición para la Responsabilidad y la Integridad-AMAN, los sueldos y las bonificaciones de los jefes de algunas instituciones no ministeriales han sido superiores al sueldo del presidente de la AP, cuyos ingresos mensuales, según lo estipulado por ley, ascienden a 10.000 dólares. El nombramiento de prisioneros palestinos liberados en los cuadros de la fuerza de trabajo civil como compensación por su contribución al movimiento de liberación palestina, es otro ejemplo del carácter informal de los puestos de la AP.
En relación con esto, en 2017 el Presidente Abbas forzó a 6.145 empleados de la AP en Gaza a jubilarse anticipadamente para presionar a Hamas a ceder el control de la Franja. El número de empleados de la AP en Gaza, tanto civiles como de seguridad, se estima en unos 50.000. A pesar de que Hamas tomó el control de Gaza, sus salarios siguen pagándose, aunque a un ritmo más bajo, para asegurar su lealtad a la AP. Al mismo tiempo, Abbas utiliza los recursos del gobierno para la exclusión y el castigo políticos. Un caso particularmente abominable de esto fue el recorte de los pagos de la AP a Israel por la electricidad en Gaza, reduciendo el suministro de electricidad de los dos millones de habitantes de la Franja a cuatro horas al día.
Negociaciones encubiertas
La disfunción del CLP y la PNC, dos órganos legislativos inertes, dió lugar a que el ejecutivo monopolice y firme negociaciones y acuerdos secretos. Los Acuerdos de Oslo son un buen ejemplo de cómo el ejecutivo de la OLP acaparó las negociaciones con Israel y tomó decisiones desastrosas en nombre del pueblo palestino. De manera similar, el ejecutivo de la AP ignoró en numerosas ocasiones las decisiones del CLP donde ordenaban que la dirigencia debía detener inmediatamente las negociaciones con Israel, en respuesta a su continua opresión sobre el pueblo palestino y la expansión de los asentamientos ilegales en la Cisjordania.
La firma clandestina de acuerdos entre la AP e Israel sobre asuntos relacionados con la energía, la electricidad, el agua y las comunicaciones, muestra hasta qué punto la dirección ignora los procesos formales y las consultas públicas. Estos acuerdos tienen implicancias políticas, económicas, sociales y medioambientales catastróficas. Un acuerdo relacionado con la electricidad firmado entre Israel y el sector privado palestino en septiembre de 2016, saldó la deuda pendiente de la AP de 550 millones de dólares con la Corporación Eléctrica de Israel con el objetivo de transferir la responsabilidad a la AP de suministrar electricidad en la Cisjordania.
La AP, que celebró el acuerdo como una victoria nacional y un paso hacia la liberación, mantuvo el acuerdo confidencial a pesar de las demandas públicas de revelar sus términos. La sociedad civil palestina, los medios de comunicación y las compañías eléctricas querían saber: ¿Cómo se transferirá a la AP el poder de distribuir la electricidad? ¿Cómo se regulará? ¿Qué implicancias tiene? Cada ciudadano palestino, como receptor de servicios, debería tener el derecho a conocer dicho acuerdo. Dada la ausencia de una transparencia básica, los palestinos se ven privados de su derecho a acceder a información que afecta a su vida cotidiana y a los servicios básicos que les presta su gobierno. Esto también les impide exigir responsabilidades a la AP.
El acuerdo Mar Rojo-Mar Muerto, firmado por la AP, Jordania e Israel, también se realizó en secreto. Los expertos palestinos en agua y medio ambiente protestaron, advirtiendo que el acuerdo causaría un daño ambiental irreversible si se aplicaba, ya que destruiría lo poco que queda del ecosistema del Mar Muerto. Los palestinos también protestaron contra el pacto porque afianzará la negación por parte de Israel de los derechos de los palestinos al agua, ya que el acuerdo socava la soberanía palestina sobre Cisjordania y parte de la cuenca del río Jordán. La AP, representada por la Autoridad Palestina del Agua, excluyó de las consultas a los expertos palestinos y los ignoró cuando éstos cuestionaron la motivación tras la firma de un acuerdo de este tipo, que no logra nada para los palestinos y que, de hecho, los perjudica.
Esta falta de transparencia y rendición de cuentas se traduce en la malversación, el uso indebido y el despilfarro de fondos públicos. Por ejemplo, Abbas construyó un palacio presidencial en una parcela de 4.700 metros cuadrados – con otros 4.000 metros cuadrados para edificios auxiliares, incluido un helipuerto – para acoger invitados y delegaciones extranjeras. El año pasado decidió convertir el edificio en una biblioteca nacional, al costo de 17,5 millones de dólares. Aunque una biblioteca nacional es una idea noble, la inversión en costosas infraestructuras por parte de un gobierno fuertemente endeudado y dependiente de la ayuda extranjera es un testimonio de prioridades equivocadas.
Presiones y alianzas internacionales
La dependencia de la AP de la ayuda extranjera, también socava el sistema político palestino al hacerla responsable de rendir cuentas a donantes internacionales más que a los palestinos. La agenda de reformas de la AP y los esfuerzos de lucha contra la corrupción, surgieron en su mayoría de la presión de los Estados Unidos y la Unión Europea desde el estallido de la Segunda Intifada, cuando se deterioró la situación de la seguridad del territorio. La intención detrás de la agenda fue clara: hacer hincapié en la seguridad por sobre la reforma administrativa y garantizar así la seguridad de Israel a expensas de la seguridad y las libertades civiles y políticas básicas de los palestinos. Esto se refleja en la priorización de la seguridad en las asignaciones presupuestarias de la Autoridad Palestina, ya que ese sector absorbe el 28% del presupuesto anual, a expensas de otros sectores más vitales como la salud, la educación y la agricultura.
En su crítica al modelo de ayuda de Oslo, modelo basado en la política neoliberal de inversión en la paz, Alaa Tartir sostiene que el programa de desarrollo impulsado por los donantes empeoró la situación económica y política de los palestinos. Por ejemplo, la agricultura – un pilar clave y perdido de la economía palestina – recibió sólo el 1% del presupuesto anual, entre 2001 y 2005, mientras que alrededor del 85% se destinó a los salarios del personal. Consecuentemente, la contribución del sector agrícola al PIB se redujo de, alrededor del 13,3% en 1994, al 5,9% en 2011.
Los palestinos lanzaron campañas de base y huelgas sindicales, exigiendo mejores servicios de educación y salud, incluida una huelga masiva de maestros, una campaña contra la escasez de medicamentos dirigida por una coalición de organizaciones de la sociedad civil palestina, una campaña contra los cortes de electricidad en Gaza y una campaña que insta a la AP a abordar la negligencia médica. La AP suele dejar estas demandas públicas sin respuesta, y rara vez se reflejan en su planificación fiscal y sus políticas públicas. Como dijo un miembro del movimiento de la Seguridad Social Nacional, que lidera la oposición a la controvertida ley de seguridad social nacional, «El gobierno no escucha nuestras preocupaciones». La ley, que obliga a los empleados del sector privado a pagar el 7% de su salario mensual y a los empresarios a pagar el 9% de los sueldos a cambio de la cobertura de seguridad social, provocó una oleada de ira entre los palestinos, que protestaron sobre todo por las elevadas deducciones mensuales, así como por la falta de garantías para salvaguardar su dinero en un contexto de inestabilidad política y económica.
En febrero de 2017, la AP adoptó una nueva agenda, «Agenda de Política Nacional: Citizen First 2017-2022», que apunta a dar prioridad a la ciudadanía en las políticas del gobierno, para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los fondos y asuntos públicos. Esta es una reforma financiera y administrativa apoyada por los Estados Unidos y la Unión Europea que comenzó durante el mandato del ex Primer Ministro Salam Fayyad. En el programa se afirma que se trata de una segunda fase, que da continuidad a la anterior en la creación de instituciones del Estado y en la mejora de su capacidad. Proclama que ahora es el momento de «mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos mediante la prestación de servicios públicos de alta calidad, el fomento de la creación de empleo en el sector privado y la protección de las personas más vulnerables».
La nueva agenda de la AP no reconoce que la fase de construcción del Estado de Fayyad no condujo a la estadidad, y mucho menos a la democracia. La comunidad internacional de donantes aclamó a Fayyad como el mesías palestino del buen gobierno, mientras su gabinete dirigía los esfuerzos para crear un Estado palestino de facto bajo la ocupación israelí, en el contexto de un importante cisma político entre las dos mayores facciones políticas palestinas. Las reformas de Fayyad no fueron más allá de los parámetros técnicos y administrativos, para garantizar que cualquier sacudida que realice el gabinete no hiciera tambalear todo el barco.
La reestructuración en 2003 del propio cargo de Primer Ministro bajo la presión de los Estados Unidos y la Unión Europea, para aflojar el control ejecutivo de Yasser Arafat, es otro ejemplo de lo inútil que son estas reformas estructurales en ese contexto. El papel, las decisiones y las políticas del Primer Ministro deben estar en consonancia con Fatah y el Presidente, ya que el Primer Ministro se limita a aplicar las decisiones del Presidente y no tiene posición política propia. Cuando Fayyad ocupó el puesto en 2007 y se embarcó en su plan de reforma, se convirtió en el blanco de los altos funcionarios de Fatah que continuamente achacaban las dolencias de la AP y los efectos de la crisis económica a sus políticas. El fuerte respaldo financiero y político de la comunidad internacional a Fayyad, también constituía una amenaza para Abbas, quien no defendió a su premier contra los ataques de su partido y desafió su autoridad invalidando algunas de sus decisiones.
La comunidad internacional también dicta, mediante el apoyo financiero y político, qué figuras políticas palestinas están en el poder. Así ocurrió cuando los Estados Unidos intentaron revocar la dimisión de Fayyad y cuando retiraron fondos para asfixiar a una autoridad no deseada, incluso siendo ésta justa y legítimamente elegida, como cuando Hamas ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas de 2006.
Cualquier reforma adicional que dependa de la aprobación internacional no resolverá la crisis de legitimidad en el liderazgo, ni conducirá al tan necesario renacimiento de un movimiento nacional palestino unido que pueda satisfacer las aspiraciones del pueblo. Estas reformas refuerzan la misma dinámica neopatrimonial que subyace a la corrupción sistémica en la Autoridad Palestina, al actuar como un paliativo en lugar de una solución real que aborde la corrupción desde la raíz.
Esencialmente, cualquier esfuerzo de la AP para poner fin a la ocupación y lograr la independencia – a menudo el objetivo declarado en muchos de estos programas de reforma -, se traduce en la anulación por parte de la AP del papel de la OLP. Al hacerlo, sigue marginando, si no ignorando por completo, las voces de los millones de palestinos que viven en la diáspora y que tienen un interés directo en el curso de acción que el ejecutivo de la AP tome con respecto a la ocupación israelí y el «proceso de paz».
Salir del pantano
Si los palestinos se toman en serio el liderazgo democrático, representativo y transparente, deben poner fin a la farsa de la reforma y construir un sistema representativo y democrático desde la base. La sociedad palestina, especialmente los jóvenes que viven en los territorios ocupados, en Israel y en la diáspora, tienen un papel importante que desempeñar en la movilización e iniciación de diálogos nacionales de base para debatir y construir una visión común para el futuro liderazgo democrático. Esta tarea requiere de un esfuerzo masivo dados los desafíos existentes. Sin embargo, la continuación del statu quo sólo ofrece un futuro sombrío.
Para garantizar que un nuevo modelo, sea cual sea su forma, no recicle la misma dinámica neopatrimonial, deben considerarse tres elementos fundamentales:
1. Descentralización y separación de poderes
Para romper con la acumulación de un grupo o partido, debe haber un ecosistema político saludable de poderes en contrapeso. Las limitaciones de la OLP como órgano paraguas que representa a todos los palestinos, invita a preguntarse si esa infraestructura de autoridad central es capaz de representar a los palestinos en todas partes. Todo modelo de gobierno palestino debe ser lo suficientemente ágil para dirigir y responder a las unidades políticas palestinas de las diferentes jurisdicciones geográficas, jurídicas y administrativas en Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén oriental, Israel y la diáspora. La experiencia de la AP hasta ahora sugiere que una autoridad central, tal como existe, no puede cumplir esa función.
La descentralización del poder, mediante la potenciación del liderazgo de las comunidades locales y de base, es esencial para romper con el monopolio del poder existente. El liderazgo y la organización durante la Primera Intifada, aunque perteneciente a un contexto político y social diferente, ofrece un ejemplo de lo que podría ser un liderazgo colectivo.
2. Rendición de cuentas vertical y horizontal
La corrupción y el abuso de poder prosperan cuando los gobernantes no rinden cuentas. Todo nuevo modelo de gobernanza será vulnerable a la captura del poder, si no se establecen los siguientes mecanismos paralelos de rendición de cuentas:
Primero: Una línea de responsabilidad vertical que permita al pueblo palestino cuestionar a sus líderes y participar en el proceso de toma de decisiones. Esto no se limita a las elecciones locales y nacionales, sino que puede extenderse a los comités y audiencias públicas de base, a los consejos en la sombra, a una sólida protección de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, y a que la sociedad civil palestina desempeñe un papel activo en la supervisión, no sólo de las instituciones gubernamentales palestinas, sino también del sector privado y de los proveedores de servicios.
Segundo: La rendición de cuentas horizontal -como un parlamento independiente, organizaciones de auditoría independientes, etc.- es importante para investigar y detener las fechorías de los funcionarios públicos.
Si bien,en cierta medida, el sistema actual cuenta con estas instituciones formalmente, el neopatrimonialismo del sistema político palestino hace que estos mecanismos internos de rendición de cuentas sean inútiles. Es por esto que el reparto de poder, la descentralización y el escrutinio público son importantes primeros pasos para garantizar que ninguna autoridad pueda abusar de su poder.
3. Terminar con la impunidad
Para restaurar la confianza de la sociedad palestina en el liderazgo, la impunidad de los corruptos debe ser eliminada. A pesar de los diversos intentos y afirmaciones del comité palestino de lucha contra la corrupción de investigar y enjuiciar a los funcionarios corruptos, los funcionarios y políticos siguen siendo, en gran medida, inmunes a cualquier consecuencia grave de sus actos. La impunidad de los corruptos hace que las personas duden al momento de denunciar la corrupción que presencian o experimentan, porque no ven ningún beneficio o cambio resultante de las mismas.
Existen líneas de atención telefónica y centros legales a disposición de los palestinos en Cisjordania y Gaza para denunciar casos de corrupción de manera segura y confidencial, como el que opera la organización palestina anticorrupción, AMAN. Sin embargo, el aliento a la sociedad para informar sobre la corrupción, debe ir acompañado de la disponibilidad de sólidas leyes anticorrupción y de un Poder Judicial independiente que pueda hacer que los corruptos rindan cuentas, independientemente de su posición política, financiera o social.
Para terminar con la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en el contexto palestino, es necesario realizar una reorganización institucional y política, en lugar de promover reformas políticas y jurídicas limitadas y fragmentadas. Los reiterados patrones de acumulación del poder de Fatah, la corrupción sistémica y la política informal, además del actual estancamiento político, sugieren que ya es hora de que los palestinos construyan nuevas instituciones más democráticas y más representativas de sus derechos y necesidades.
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Marwa Fatafta Marwa es una escritora, investigadora y analista política palestina con sede en Berlín. Tiene másters en Relaciones Internacionales de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos por la Universidad de Syracuse y en Desarrollo y Gobernabilidad por la Universidad de Duisburg-Essen.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Al Shabaka el 20 de diciembre de 2018.
[Manifestantes agitan la bandera de Sistani, figura política con alto rango en el clero chií duodecimano. Alaa al-Marjani/Reuters]
A medida que se acerca el primer aniversario de las protestas de octubre de 2019, se hace más evidente la necesidad de un liderazgo creíble. Es probable que la débil gestión de la crisis por el COVID-19 del Primer Ministro, Mustafa Al Kadhimi, recuerde a los manifestantes un agravio subyacente más allá de sus reclamos de empleo. Algunos manifestantes expresaron su deseo de reformar el sistema político, para pasar de un sistema parlamentario a uno presidencial. No es la primera vez que los iraquíes exigen una forma más directa de elegir al jefe de gobierno.
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Los dos últimos primeros ministros de Irak no se presentaron a las elecciones que les llevaron al cargo. Antes de eso, el Primer Ministro, Haider Al Abadi, fue electo bajo presiones políticas e internacionales, no por decisión de la gente. La pugna política por el cargo de primer ministro en 2010 desencadenó un debate sobre si los iraquíes debían o no elegir directamente a su líder. En esos comicios, la Coalición Al Iraqiya de Ayad Alaui obtuvo 91 escaños frente a la Coalición Estado de Derecho de Nouri Al Maliki, que obtuvo 89 escaños, aunque Maliki obtuvo, en Bagdad, una ventaja de más de 50 puntos sobre Alaui. El camino hacia la presidencia nunca ha sido a través de elecciones directas, pero esto no es exclusivo de Irak.
En muchas democracias consolidadas, independientemente de si son sistemas presidenciales o parlamentarios, el candidato con más votos no necesariamente gana. Algunos ejemplos recientes son el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ganó en el colegio electoral pero perdió el voto popular – y no fue el primer presidente en hacerlo -, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyo partido ganó el mayor número de escaños en las elecciones parlamentarias, pero también perdió el voto popular en general, y no fue la primera vez en la historia de Canadá. Estas victorias no quitan legitimidad a sus triunfos electorales, pero se traducen en pérdida de credibilidad pública. En 1969, algunos congresistas estadounidenses intentaron legislar una enmienda constitucional para sustituir el colegio electoral por un voto popular nacional.
A medida que Irak experimenta su transición democrática, debe lidiar con el problema de los líderes elegidos indirectamente. Sin embargo, este no es un concepto extraño para los iraquíes, que tuvieron gobernantes impuestos desde la creación moderna del Estado iraquí, cuando los británicos eligieron al rey Faisal I del Hiyaz como jefe de Estado. Aunque los iraquíes votaron en un plebiscito, sus opciones fueron definidas por los británicos, lo que puso en duda la representatividad y la credibilidad del voto. Tras esto, Irak mantiene un legado de concentración de poder en un solo hombre.
Este historial de hombres fuertes tiene un impacto devastador en el país, hecho que no olvidaron los representantes elegidos para redactar la constitución de Irak de 2005. Los redactores se aseguraron de que se promulgue un sistema de contrapesos con múltiples puestos de liderazgo, como se ve en otros sistemas parlamentarios republicanos.
A pesar de contar con este sistema, Irak sigue sufriendo las consecuencias de décadas de guerra y autoritarismo. La decadencia de sus instituciones gubernamentales, así como la falta de un liderazgo centralizado, dificultan la capacidad del Estado para reconstruirse y desarrollarse al ritmo que muchos esperaban tras la caída del régimen de Saddam Hussein. Irak fue testigo de múltiples transiciones de poder, incluso entre partidos políticos y hacia candidatos independientes, y mantiene así su trayectoria general de democratización. Sin embargo, esto se produjo a costa de una gobernanza competente, para frustración de muchos de sus ciudadanos. Éste es también uno de los principales factores que empujaron a la juventud iraquí hacia la nostalgia autoritaria, sin darse cuenta de que la mala gobernanza y la corrupción tienen su origen en la época del Baas.
Debido a la creciente marea de nostalgia autoritaria, el deseo de un liderazgo creíble no debe dejarse de lado ni ignorarse. Hacerlo conduciría casi con toda seguridad a la continuación de las protestas en todo el país. Los líderes iraquíes deben guiar al país para resolver los problemas heredados, algunos de los cuales se remontan a la década de 1950. Por ejemplo, el a menudo citado sector público iraquí es una reliquia de las políticas socialistas promulgadas en la década de 1970 y no un desarrollo reciente. En lugar de arreglar este sistema, se ha exacerbado después de 2003.
A pesar de los reclamos de manifestantes por un estado civil y por la separación de las instituciones religiosas y estatales, muchos continúan mirando al Gran Ayatolá, Ali Al Sistani, en busca de orientación y aprobación. Sistani es visto como un líder creíble debido a los mecanismos de selección de la élite religiosa, que tienen en cuenta la popularidad de un clérigo entre sus seguidores. Este mecanismo no existe en el sistema político iraquí, donde los diputados elegidos seleccionan al Primer Ministro y al Presidente.
Pero la elección directa del jefe de gobierno plantea varios riesgos. En primer lugar, puede conducir a una centralización poco sana del poder, particularmente indeseable en un sistema federal. De hecho, la protección del federalismo es una razón clave por la que Estados Unidos mantiene el colegio electoral. En segundo lugar, el voto directo puede aumentar los incentivos para la retórica populista durante la campaña electoral. El actual Primer Ministro, Mustafa Al-Kadhimi, nunca se presentó en elecciones, pero recurrió a una retórica simbólica que puede desembocar en populismo, lo que demuestra lo atractiva e intuitiva que puede ser como herramienta política.
Para evitar el riesgo doble del populismo y el autoritarismo, los iraquíes deberían aprovechar la oportunidad del aniversario de las protestas de octubre para mantener una conversación nacional sobre las instituciones electorales en las que deberían invertir para garantizar un liderazgo político creíble en el futuro.
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Alaa Kadhem es abogado y consultor de liderazgo con experiencia en Medio Oriente.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Iraqi Thoughts el 27 de septiembre de 2020.
Por Aymen Abderrahmen en The Tahrir Institute for Middle East Policy
[Fuente: Desconocida]
Una década después del estallido de la revolución de Túnez en 2010, que condujo al derrocamiento de un régimen de partido único de 23 años, los tunecinos aún no pueden traducir sus logros políticos en logros sociales y económicos.
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El 17 de diciembre, en el décimo aniversario del día de la inmolación de Mohamed Bouazizi y acuñado por Sidi Bouzidians como «el verdadero Día de la Revolución», a diferencia de la fecha oficialmente reconocida del 14 de enero, los tunecinos enfrentan el mismo desencanto público y disparidad entre sus diferentes regiones que hace diez años.
Para aumentar la frustración, unas semanas antes de este décimo aniversario, el presidente de la Asamblea de Representantes y cofundador del Movimiento Ennahdha, Rached Ghannouchi, contrató a Mohamed Gheriani -el último secretario general del Rally Constitucional Democrático de Ben Ali (DCR)- a su gabinete encargado de la reconciliación, planteando serias dudas sobre la futura trayectoria política del país.
Sin embargo, las estructuras políticas y cívicas de la década de 2010 ya no son las mismas: el país fue testigo de un auge de la pluralidad política tras el fin del régimen de la DCR, con el establecimiento de decenas de partidos y miles de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Esto vino como un arma de doble filo una vez que el producto superó la demanda, que afectó la credibilidad y capacidad de todas estas estructuras en competencia para movilizar a una población empobrecida y agotada. A pesar de los planes adoptados para la descentralización, las autoridades estatales locales aún no tienen un papel importante en la toma de decisiones para sus regiones.
Por muy inspiradora que fuera la «Revolución Jazmín» de Túnez, no logró revolucionar los mecanismos de organización a gran escala. Como joven de Sidi Bouzid antes de 2010, la palabra «política» sólo significaba el régimen de Ben Ali y la República Democrática del Congo. Todo orbitaba alrededor del partido: el municipio, las escuelas, incluso los boy scouts y el centro juvenil. El éxito en la vida de la mayoría de mis compañeros estaba entrelazado con adaptarse a las estructuras alrededor de esa órbita. Para muchos como yo, no fue hasta que nos mudamos a la capital, Túnez, para ir a la universidad, que descubrimos el poder de la oposición colectiva.
Sólo dentro de los muros de las universidades tunecinas se podía oír y ver a otros expresar libremente su ira y oposición a «la familia gobernante» de los Trabelsis y las políticas de Ben Ali. Hasta entonces, esto era inaudito más allá de las universidades en un estado policial gobernado con fuego y furia, especialmente en las regiones más pobres del interior. Este entorno nuevo y más abierto permitió a muchos estudiantes como yo dar su primer paso hacia el activismo a través de la expresión artística, el voluntariado y el sindicalismo estudiantil.
Para los estudiantes universitarios de mi generación, la revuelta del pueblo tunecino en diciembre de 2010 fue un evento que nos empoderó para ampliar el alcance de nuestro compromiso cívico. En ese momento, un grupo de estudiantes convocados de múltiples regiones del interior del país estableció Yo Veo (I Watch), la primera organización de vigilancia en la historia del país con el objetivo de combatir la corrupción, para lo cual me desempeñé como Secretario. La nueva generación de la sociedad civil tunecina posrevolucionaria tuvo su génesis y su razón de ser determinadas dentro de un marco revolucionario. Muchas organizaciones anteriores a la revolución estaban pobladas por títeres a favor del régimen o refugios para la oposición política perseguida. Por el contrario, esta nueva ola de OSC tunecinas fue liderada por tecnócratas: graduados universitarios y ejecutivos locales, algunos de ellos regresando del extranjero con estudios y experiencia laboral.
Los métodos y tácticas para promover las demandas de estas OSC eran bastante poco convencionales y tomaban prestados elementos de la cultura pop, integrados en su trabajo de promoción estructurado y formal. Tal fue la historia de la campaña Manish Msamah («No perdonaré«). En respuesta a un controvertido proyecto de ley de reconciliación presentado por el gobierno liderado por Ennahdha y Nida-Tounes, Túnez fue testigo del inicio de un movimiento social políticamente heterogéneo liderado por jóvenes que resistió los intentos de frustrar la justicia transicional.
Los manifestantes corearon «Manish Msameh» durante sus manifestaciones y, en consecuencia, fue adoptado como el nombre de la campaña. En vista de la base politizada predominantemente izquierdista, Manish Msameh no logró distanciarse de los partidos de oposición, operando como un peón. Como consecuencia, el movimiento disminuyó su presencia poco después de la adopción de la Ley de Reconciliación, poniendo fin a una experiencia entusiasta que muchos esperaban que condujera al establecimiento de un movimiento político dirigido por jóvenes.
No obstante, especialmente dadas las dificultades económicas durante la transición democrática, no todos los tunecinos han aceptado este tipo de organización. Mientras las viejas y nuevas estructuras de la sociedad civil, incluida la UGTT (el sindicato más grande del país), luchaban contra el gobierno centralizado en la capital, los jóvenes desencantados y privados de sus derechos en el sur tenían sus ojos en formas más radicales de llamar la atención de quienes toman las decisiones en el país. En 2017, un grupo de manifestantes en Tataouine (la gobernación más grande del sur) declaró una sentada y ocupó la principal estación de válvulas y bombas para la extracción de petróleo de Kamour.
El Movimiento Kamour se produjo como una escalada a una campaña en línea anterior llamada «Ween el petrol?» (¿Dónde está la gasolina?). Este movimiento no se limitó a consignas en línea o protestas frente al icónico Teatro Municipal de la avenida Habib Bourguiba para exigir la transparencia del estado en el manejo de los recursos naturales, como muchos lo habían hecho antes.
A la par de su oposición al statu quo, el movimiento hizo demandas específicas con el objetivo de abordar el desempleo crónico de la región. La demanda era por una parte justa de los ingresos de petróleo y gas de la región y una inversión del 20% de estos ingresos en Tataouine. Con un déficit presupuestario récord del 12% del PBI en 2020, la idea de negociar con los manifestantes que habían paralizado los medios de producción se convirtió en el centro de polémica entre quienes no aceptaron al Estado capitular ante tales tácticas.
En un momento en el que amplios sectores de la sociedad tunecina se sienten decepcionados con el resultado del levantamiento de 2010, y a pesar del estancamiento político y las dificultades económicas debido a la pandemia, Túnez sigue siendo la única democracia en el mundo árabe. Ciertamente, mi generación utilizó el elemento sorpresa y las crecientes plataformas de redes sociales para organizarse y movilizarse a nivel nacional en 2010. Es posible que estos elementos por sí solos ya no sean tan eficaces. Esta nueva ola de resistencia que se está formando ahora en lugares como Kamour ha aprendido de los errores de la generación anterior y se ha centrado en el resultado.
Sidi Bouzid fue el lugar de nacimiento de un levantamiento que creó la ruptura epistemológica necesaria para que la sociedad civil de Túnez pasara de una oposición disfrazada a una de franca defensa y contribución al proceso político. No es de extrañar que el único premio Nobel en la historia del país fuera otorgado en 2015 a cuatro organizaciones no gubernamentales, el Cuarteto de Diálogo Nacional, en reconocimiento a su “contribución a la construcción de una democracia pluralista en Túnez tras la Revolución Jazmín de 2011″.
Sin embargo, esta dinámica centrada en la capital ya no es capaz de contener las demandas de justicia social: Túnez ha entrado en un proceso de descentralización tras la adopción de la constitución del 26 de enero de 2014, al igual que los movimientos de resistencia. A pesar de los escasos logros, la sociedad civil posterior a la revolución desempeñó un papel estratégico en la salvaguardia del proceso electoral y en asegurar la transición democrática en la última década. Al entrar en la segunda década después de la auto inmolación de Bouazizi, su relevancia requerirá reinventar las tácticas.
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Aymen Abderrahmen es coordinador de programas dentro de la Práctica de Liderazgo en IREX en Washington D.C. se desempeñó como becario de democracia TIMEP-Atlas Corps Bassem Sabry en 2017 y publicó varios comentarios sobre la justicia transicional y el estado de los derechos humanos en Túnez.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 17 de diciembre de 2020.
Por Ziad Majed, Farouk Mardam Bey, Yassin Haj Saleh para Al Jumhuriya.
Fuente desconocida
[Nota del editor: este artículo es uno de los dos publicados por Al Jumhuriya sobre la “Crisis del Islam”, seguido por el de Abdul Wahab Kayyali, titulado «La crisis del Islam: los musulmanes y la cuestión de la igualdad». Aquí se puede encontrar una versión en árabe de este artículo, mientras que Le Monde publicó una versión en francés].
Farouk Mardam Bey, Ziad Majed y Yassin Haj Saleh argumentan que el Presidente Macron no se equivoca al decir que el islam está en ‘crisis’, pero la crisis no puede separarse del autoritarismo y la violencia infligida a Siria, Irak y otros lugares en los últimos años, afirman.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
El asesinato el mes pasado del profesor de historia francés, Samuel Paty, envuelto en su atroz simbolismo, marca el último de una serie de actos terroristas perpetrados por jóvenes musulmanes franceses, o musulmanes residentes en Francia. Como suele ser el caso, inflamó las emociones a tal extremo que hizo imposible durante días o incluso semanas tener una conversación razonable sobre el islam y otros temas relacionados.
Nosotros, como intelectuales laicos, comprometidos con la democracia, descendientes del Levante árabe y de una herencia de la que el islam fue y sigue siendo un componente esencial, estamos obligados a afirmar, en primer lugar, que la comunicación entre diferentes sujetos y el dificultoso análisis de problemáticas complejas es la única clave para desarmar la militarización cultural e ideológica propugnada por nihilistas islamistas como fueron los asesinos de Samuel Paty, tales como Abdullah Anzorov y otros tanto como él. Cuanto más estos sujetos logran profundizar las fronteras que separan a las comunidades musulmanas del mundo que las rodea, más sus ideologías crecen y prosperan.
En segundo lugar, afirmamos que esta militarización cultural e ideológica no solo se limita a estos nihilistas islamistas. Muchos en Occidente juegan el mismo juego e incluso animan a los islamistas a seguir jugándolo. Esto es así porque ellos también buscan profundizar las actuales fronteras y vivir en fortalezas robustecidas, indiferentes a todo lo que sucede a su alrededor y en los márgenes de sus propios asentamientos ideológicos.
Lamentamos expresar que percibimos un odio creciente hacia el mundo, nuestro mundo compartido, así como también por los valores de justicia, tolerancia e igualdad. Tanto en el mundo musulmán, como en las sociedades estadounidense y europea, y ni hablar de Rusia, India, China, Brasil. Este en un momento clave para el establecimiento de una solidaridad en la comunidad global, puesto que sería la forma más eficaz de abordar problemas para los que no existen soluciones locales, como son los problemas medioambientales, el cambio climático, las pandemias, la hambruna y la migración.
El planeta actualmente, en toda su inmensidad, diversidad y unidad, representa el interés público de la humanidad en su conjunto. Y se encuentra en una crisis profunda: una crisis de falta de dirección y una falta de propósito para unir a las personas. Los musulmanes y su religión son parte de este mundo; están presentes en él, y la humanidad está presente en ellos. De ahi que, el Presidente francés no se equivoca al decir que el islam está en crisis. Los mismos intelectuales musulmanes lo vienen diciendo desde hace generaciones. Sin embargo, lo que se olvidó de agregar fue que el mundo entero está en crisis y que la crisis del islam —encarnada en el surgimiento de un nihilismo violento que aborrece al mundo— se ve exacerbada por el crecimiento de las corrientes populistas, nacionalistas, extremistas y racistas, que no parecen más preocupadas por este mundo que los nihilistas islamistas.
Que la víctima, Samuel Paty, fuese profesor de Historia nos llama a recordar la historia detrás de este nihilismo islamista responsable del crimen. En su manifestación más violenta, nació en Afganistán a principios de la década de 1980, cuando Estados Unidos buscó convertir ese pobre país en un Vietnam para la Unión Soviética que lo había invadido y ocupado, sólo unos años después de la paralela invasión estadounidense a Vietnam. En ese momento, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Pakistán se aliaron con el capital proveniente de Arabia Saudita y su doctrina wahabista, una forma puritana del Islam salafista sunita que hasta ese momento había estado confinada al Reino de Arabia Saudita. Esta alianza se produjo con el fin de atraer, capacitar y equipar a jóvenes musulmanes de todo el mundo para llevar a cabo actos de violencia y el consecuente estado de guerra.
Paralelamente, la República Islámica de Irán, establecida a raíz de la revolución de 1979, estuvo exportando su propia ideología totalitaria a las diversas comunidades oprimidas en todo el Medio Oriente. De esta manera, colisionaba cada vez con mayor frecuencia con sus rivales regionales e internacionales y alentaba así el crecimiento del fundamentalismo chiita en paralelo con su homólogo salafista sunita. Más tarde, la invasión y ocupación de Irak en 2003 con los falsos pretextos de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y vínculos con Al Qaeda, que había llevado a cabo el icónico ataque terrorista contra Estados Unidos dos años antes, ofreció un terreno fértil para el renacimiento del yihadismo nihilista. En dicho contexto, un Irak ocupado, con sus infraestructuras completamente devastadas y una sociedad en pedazos después de décadas de la tiranía de Saddam e interminables guerras, constituyó un entorno ideal para atraer a esos nefastos personajes. Más aún, una década más tarde la situación empeoraría aún más con la destrucción de la sociedad siria a manos del régimen de Asad, con la ayuda de sus aliados iraníes y rusos. En definitiva, esto conduciría a la proclamación del «Estado Islámico de Irak y el Levante» o EIIL que abarcó las humeantes ruinas de Siria e Irak.
En su forma más bélica y política, el nihilismo islamista aparece cada vez que se clausuran los sistemas políticos y se despoja a las sociedades civil del control de su propia existencia. Si la religión es el espíritu de situaciones carentes de espíritu, como dijo Marx, entonces en el contexto islámico contemporáneo es la política de las condiciones apolíticas. En otras palabras, el empobrecimiento político va de la mano al islamismo, donde lo primero tiene mayor significado que lo último. Del mismo modo, la posesión de las armas políticas por parte de la población, junto con el derecho a organizarse, manifestarse y protestar son los medios ideales para enfrentar al nihilismo islamista y su odio por el mundo.
En cambio, lo que continuó sucediendo durante décadas, llegando al día de hoy en el Medio Oriente es precisamente todo lo contrario. Desde la década de 1990, y especialmente desde el 11/9 las potencias más influyentes del mundo diagnosticaron al terrorismo como el principal mal político. Esto llevo a una securitización global de la política, basada en regímenes que utilizan la tortura, el debilitamiento de la democracia y la disminución del estado de derecho, consecuencias que vemos comúnmente hoy día. Dos décadas después de la ‘Guerra contra el Terrorismo’, el mundo es menos seguro, se reforzaron los odios colectivos y la guerra no permitió ni las demandas civiles de justicia ni creó tribunales locales o internacionales para ofrecer reparación a las víctimas del terrorismo en países como Siria, Irak y otros. La justicia fue un dominio exclusivo de ciertas víctimas occidentales. Generalmente tomaron la forma de asesinatos en venganza por los caídos, llevados a cabo por comandos especiales, aviones de combate o drones, en los que Occidente fue literalmente juez, jurado y verdugo.
Cierto es que la ostensible guerra contra el terrorismo no fue una guerra en absoluto. Estuvo más cercana a la definición de tortura, por lo que no debería sorprendernos al encontrar Estados torturadores como el de Asad entre sus socios, junto con el régimen de Abdel Fattah Al Sisi de Egipto, el gobierno de Myanmar —implicado en el genocidio contra el pueblo musulmán rohingya— o el gobierno sectario y nacionalista de Modi en India. Tampoco debería parecernos extraño que el régimen chino coloque a un millón de musulmanes en campos de ‘rehabilitación’ que recuerdan a las tradición estalinista o a la de Pol Pot en Camboya. Así como tampoco debería extrañarnos que ex ‘terroristas’ laven su reputación al participar en esta ‘Guerra’ contra los ahora terroristas islámicos, ni que la ocupación colonial israelí y el régimen de apartheid en los territorios palestinos busquen refugio bajo la misma consigna de luchar contra el terrorismo. No hay ningún asesino, gobernante corrupto o criminal que no pueda ser bienvenido de nuevo en el redil mientras se asocien con Occidente en su ‘Guerra contra el Terrorismo’, mientras ‘terror’ remita solamente a la variante islamista.
Como lados opuestos de la misma moneda, el islam se enfrenta a dos grandes problemáticas interrelacionadas en el mundo actual. El primero es el nihilismo islamista, que elevó el nivel de crueldad dentro de las sociedades musulmanas ya violentas en todo el mundo. El segundo es la intolerancia contra los musulmanes en sus diversas formas y grados. Un mundo sin dirección ni propósito no puede ver una cara de esta moneda sin ignorar la otra, exactamente como lo hacen los propios islamistas. Esto presagia un futuro de aún más crueldad por venir. La islamofobia o el fanatismo antimusulmán arraigado en una larga historia de conquista y colonialismo, no ayuda a enfrentar el nihilismo islamista. El nihilismo islámico —un movimiento esencialmente menor que no representa a la mayoría de los musulmanes— tampoco es de ninguna ayuda para enfrentar la islamofobia. Por el contrario, los nihilistas islamistas se sienten completamente cómodos en contextos de discriminación contra los musulmanes. Necesitan esos sentimientos de agravio y victimización, porque ellos mismos no tienen nada positivo que ofrecer al mundo.
Nunca es demasiado tarde para un pensamiento crítico más claro que presente la cuestión islámica y su crisis como una faceta más de una crisis global, una crisis que se vuelve menos tratable cuanto más se demora su cura. Hacemos un llamado a nuestros colegas y contrapartes en Francia, Europa, Occidente y el mundo en general para que reflexionen sobre la crisis de un mundo sin alternativas ni conducción, sin perspectivas ni esperanzas, y para trabajar en la creación de un principio de responsabilidad global que resista la exclusividad racista y las afirmaciones de superioridad étnica o religiosa.
Nunca hemos deseado ser portadores de constantes malas noticias, pero los peligros que enfrenta el mundo en la actualidad no nos dan ninguna razón para descartar la posibilidad de que ocurran cosas peores. Esperamos —para que esa posibilidad se vea frustrada—, que otros tampoco la descarten. Es que tenemos razones para saber que lo ‘peor’ no avisa antes de llegar.
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El PhD. Ziad Majed es profesor asociado de estudios de Oriente Medio en la Universidad Americana de París y autor de libros que incluyen “Syria: The Orphaned Revolution” (2013), entre otros.
Farouk Mardam Bey es editor franco-sirio y autor de libros que incluyen “Itineraries from Paris to Jerusalem: France and the Arab-Israeli Conflict” (1992), coescrito con el difunto escritor Samir Kassir.
Yassin Haj Saleh es escritor político y ex detenido político por su crítica de izquierda, centra sus estudios en la evolución de la política y conflicto sirios, y análisis críticos de la cultura islámica contemporánea.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Al Jumhuriya el 12 de noviembre de 2020.
En la noche del 22 de julio, tras visitar la sede del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y el Ministerio del Interior, el presidente tunecino, Kais Saied, emitió una advertencia a los nacionales que colaboran con potencias extranjeras en contra del Estado tunecino.
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«Quien conspire contra el Estado tunecino no tiene lugar dentro del mismo. Las fuerzas armadas están listas en todo momento y lugar para enfrentar enérgicamente a cualquiera que invada el Estado o incluso piense en transgredir su legitimidad», dijo Saied en un comunicado.
Sus comentarios se produjeron en medio de una crisis política en Túnez. Una semana antes, el primer ministro Elyes Fakhfakh dimitió en medio de acusaciones de corrupción, y los miembros del Partido Constitucional Libre, aliados del antiguo régimen, ocuparon el Parlamento para exigir la dimisión del presidente parlamentario, Rached Ghannouchi, el líder intelectual del partido islamista Ennahda.
Estos últimos acontecimientos plantean interrogantes sobre la renovada interferencia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en su prolongado intento por sabotear la transición democrática de Túnez para excluir a los islamistas y establecer un gobierno amigo, y sobre la forma en que la interferencia oculta de Abu Dhabi puede estar manipulando el caos reciente.
La agenda contrarrevolucionaria de Abu Dabi
Los observadores occidentales a menudo han aclamado a Túnez como un «modelo» regional de transición democrática, después de los levantamientos de la Primavera Árabe. Sin embargo, para EAU este es un ejemplo amenazante para su visión de volver a dibujar el Medio Oriente y el Norte de África a su propia imagen autoritaria y antidemocrática.
Abu Dhabi respaldó a los actores reaccionarios en Libia, Egipto, Bahréin, Sudán y Yemen, por temor a que las reformas exitosas y el auge de las facciones políticas islámicas puedan desencadenar pedidos de cambio dentro del propio sistema político autocrático de EAU.
Con su socio contrarrevolucionario Arabia Saudita, EAU comenzó a atacar al partido Ennahda que formó un gobierno después de la revolución de 2011 y, para gran angustia de Abu Dhabi, a menudo ejemplifica cómo el Islam político y la democracia pueden entrelazarse. También, se opusieron a Ennahda por sus vínculos con Qatar y Turquía, quienes apoyaron al gobierno posrevolución.
Abu Dhabi cortejó inicialmente al partido reaccionario y nacionalista laico Nidaa Tounes, el cual albergaba a los miembros del antiguo régimen. Nidaa Tounes protestó, porque Ennahda había perdido legitimidad y luego se le unió para formar una coalición electoral de cara a las primeras elecciones presidenciales libres de Túnez en 2014, con el líder del partido, Beji Caid Essebsi, como candidato a presidente.
El año anterior, se produjeron protestas contra Ennahda y, si bien hubo una oposición genuina hacia la mala gestión del país por parte del partido, se sospechaba que EAU podrían haber contribuido a avivar el sentimiento anti-Ennahda.
Según un periodista cercano al ex presidente, los funcionarios emiratíes intentaron persuadir a Essebsi, para que desplazara a Ennahda por la fuerza, a cambio de ayuda financiera después de su victoria. Esto tenía como objetivo «repetir el escenario egipcio» donde Abu Dhabi y Riad financiaron el golpe militar de julio de 2013 contra el gobierno democrático de Mohammed Morsi, un modelo que han intentado replicar en Libia y Sudán.
Essebsi se negó y nunca se comunicó directamente con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammad Bin Zayed (MBZ), lo cual indica un deterioro de las relaciones entre Túnez y EAU. En noviembre de 2015, los funcionarios tunecinos afirmaron que sus homólogos argelinos les habían advertido que «EAU no es ambiguo y pueden intentar desestabilizar a Túnez, tal como está en este momento».
En junio de 2018, Lofti Brahem fue destituido como ministro del Interior de Túnez, tras conocerse que había colaborado con EAU para dar un golpe de Estado, tras la victoria de Ennahda en las elecciones municipales del mes anterior.
Un claro obstáculo para EAU es que Túnez no tiene un ejército autoritario independiente del gobierno, como es el caso de Egipto. Por lo tanto, recurrió a campañas de noticias falsas y a políticos individuales influyentes, las cuales en su mayoría no han tenido éxito.
La victoria presidencial del independiente y novato en la arena política, Saied, en las segundas elecciones libres tunecinas de octubre de 2019, con Ennahda también a la cabeza y formando una coalición, muestra que el país ha resistido en gran medida la interferencia excesiva de los emiratíes.
¿Cambio de postura emiratí o contrarrevolución continua?
En lo que parecía un cambio de la agenda contrarrevolucionaria de Abu Dabi, MBZ intentó cortejar a Saied durante una llamada en abril y discutió la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esto se produjo cuando Abu Dhabi buscó un mayor apoyo regional para su guerra en Libia, y buscó la bendición de Túnez para su candidato sustituto, Khalifa Haftar, ofreciendo grandes sumas de dinero.
Sin embargo, Túnez no se ha dejado influir y se ha mantenido neutral respecto de Libia. Mientras tanto, las ambiciones de Abu Dhabi en Libia han flaqueado, Rached Ghannouchi felicitó en mayo las victorias del presidente libio Fayyez Al Sarraj sobre Haftar y también apoyó la intervención militar de Turquía, la cual rescató al gobierno internacionalmente reconocido.
Por lo tanto, los medios de comunicación emiratíes y saudíes han intensificado su campaña de difamación contra Ghannouchi y Ennahda, para inclinar la balanza popular en su contra. En junio, el parlamentario tunecino Abdel Latif Al Aloui pidió a las potencias externas que dejaran de interferir en Túnez, destacando en particular a los medios emiratíes Al Ghad y Sky News Arabia, sugiriendo que el mensaje estaba dirigido a Abu Dhabi.
Según el periódico argelino independiente El Watan, las agencias de inteligencia turcas frustraron otro supuesto intento de golpe respaldado por EAU, en mayo pasado. Las fuerzas de seguridad disolvieron una manifestación antigubernamental en Túnez el 14 de junio, para pedir la disolución del parlamento y elecciones anticipadas.
El Frente de Salvación (Harak Al Aksheedi), cuya página de Facebook está dirigida por personas que viven en EAU, organizó la manifestación. Al Quds Al Arabi, con sede en Londres, informó que las protestas eran parte de un supuesto intento de golpe de Estado emiratí.
La polarización actual contra Ennahda en el parlamento, le da a EAU mayores oportunidades para aislar al partido y salirse con la suya. Abeer Moussa, jefa del Partido Constitucional Libre, reaccionario y a favor del antiguo régimen, apareció con frecuencia en los medios de comunicación emiratíes y recibió elogios del exjefe de policía de Dubai. Además de favorecer al antiguo régimen, ella comparte la hostilidad de Abu Dhabi hacia Ennahda, Qatar y Turquía. También, ha presionado para clasificar a los Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, otro tema de conversación emiratí, y supuestamente recibe financiación de ese país.
En julio, el partido organizó una ocupación del parlamento para interrumpir el proceso de elección de un nuevo primer ministro tras la renuncia de Fakhfakh. Esto también tenía como objetivo debilitar aún más la influencia de Ennahda en el Parlamento.
Dado el apoyo de Abu Dhabi a las fuerzas hostiles y reaccionarias en otras partes de la región, no sería sorprendente que EAU incluso alentara a Moussa a realizar su propia acción disruptiva. No obstante, hay claros indicadores de que Abu Dhabi está construyendo una relación estable con su partido.
En última instancia, EAU pueden tener como objetivo provocar suficiente caos en el parlamento de Túnez y explotar los agravios en las calles tunecinas para impulsar a un candidato pro-emiratí a tomar el control del país. Idealmente, uno que apoye al antiguo régimen de Ben Ali y desmantelar a su némesis, Ennahda.
A pesar de esto, el 26 de julio, el ministro del Interior, Hichem Mechichi, fue nombrado primer ministro y ahora tiene la tarea de formar un gobierno dentro de un mes y ganar un voto de confianza, o se celebrarán nuevas elecciones dentro de tres meses. Cualquier otro intento emiratí de sabotear este proceso probablemente tendrá dificultades para lograr los resultados deseados, dados sus intentos fallidos pasados de formar una contrarrevolución en Túnez, y la creciente conciencia nacional frente a sus acciones.
La posibilidad de aislar a Ennahda, sin embargo, sigue latente. Estas actividades, también pueden presentar obstáculos para la suave progresión democrática de Túnez. La conciencia local y el apoyo de la comunidad internacional a la democracia de Túnez ayudarán a crear más salvaguardias y minimizar los daños.
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Jonathan Fenton-Harvey es periodista e investigador dedicado a los conflictos, geopolítica y cuestiones humanitarias en Medio Oriente y Norte de África. También trabajó para Al Sharq Forum, donde investigó principalmente sobre Yemen y la política exterior regional de los EAU.
N.d.T.: Elartículo original fue publicado por The New Arab el 28 de julio de 2020.
Ayer, en las redes sociales iraquíes circuló una nota que se encontró junto al cadáver de un joven, en la parte oriental de Bagdad: “A todas las familias iraquíes genuinas: vigilen a sus hijos para que no participen en actividades homosexuales con gays y dejen que esto sea una advertencia para todos aquellos que no se abstengan de tales actividades”.
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Lo que es preocupante sobre el incidente, es que podría ser el primero de una campaña más amplia contra iraquíes homosexuales. El hecho se produjo al final de una semana llena de retórica anti-gay, después de que diplomáticos europeos decidieron izar la bandera LGBT, el domingo en Bagdad, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Esta inocente decisión, en un país mayormente conservador como Irak, aunque pudo haber sido bien intencionada, desató expresiones anti-gay en el país, probablemente lo contrario a lo que los diplomáticos esperaban lograr.
La decisión de los diplomáticos de izar la bandera provocó una reacción violenta por parte de algunos de los políticos más influyentes de Iraq. Hadi Al Ameri, líder de la Organización Badr y del bloque parlamentario Al Fatah, pidió la expulsión de los funcionarios. El secretario general del partido Dawa, Nouri Al Maliki, también pidió la expulsión, diciendo en un comunicado que sobrepasaron sus límites diplomáticos e insultaron a la sociedad iraquí durante el mes sagrado del Ramadán. Muqtada Al Sadr, líder del movimiento Sadrista y del bloque parlamentario Sairoon, también se unió condenando a la homosexualidad como una “enfermedad mental”. El vicepresidente del Parlamento iraquí, Basheer Haddad, miembro del Partido Democrático del Kurdistán, dijo que “no permitirá izar la bandera de los homosexuales sobre suelo iraquí”, y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores “que tome las medidas necesarias contra este comportamiento”. Dada la respuesta hostil que engendró, lo menos que podemos decir sobre la decisión de izar la bandera LGBT en Bagdad es que fue contraproducente.
Puedo dar el beneficio de la duda a ambos lados del argumento y asumir que ambos tienen buenas intenciones. Los diplomáticos occidentales simplemente quisieron crear conciencia sobre los derechos LGBT, usando lo que pensaron sería un gesto menor; y los políticos iraquíes, por otro lado, también pueden ser vistos como bien intencionados, ya que están tratando de preservar los ideales conservadores que tienen los mayoría de sus votantes, pero no voy a hacer eso. Es difícil para mí ver la actitud de los diplomáticos como algo más que una ostentación moralista inútil. Si no es así, ¿por qué no eligieron hacer lo mismo en otros países de Oriente Medio y/o musulmanes donde las personas LGBT sufren una persecución similar o incluso peor? ¿Por qué no levantaron esa bandera en Arabia Saudita, por ejemplo? ¿No creen que los sauditas necesitan ayuda en este asunto o es porque piensan que las personas LGBT sauditas no merecen los mismos derechos que sus pares iraquíes? Sospecho que los diplomáticos europeos sabían muy bien que llevar a cabo tal acto en Arabia Saudita les costaría políticamente e, incluso podría poner en riesgo sus intereses económicos en el país como resultado de la posible indignación de los clérigos wahabíes.
Provocar una tormenta de sentimientos contra los homosexuales no fue la única consecuencia involuntaria de levantar la bandera LGBT, ya que también perjudicó al movimiento de protesta más amplio. Desde que las manifestaciones comenzaron en octubre de 2019, los políticos islamistas iraquíes han estado tratando retratar al movimiento como una conspiración extranjera, impulsada por Occidente, dirigida al corazón de los valores de la sociedad iraquí. Esta acción fue un regalo del cielo para los políticos iraquíes que han estado luchando para ganar el terreno moral a los manifestantes. La acción envalentonó a los políticos iraquíes – que no han dado nada sustancial a su base de apoyo después de muchos años de estar en el poder-, para proclamar y crear su propia versión de la ostentación moral. Ambas partes dieron discursos vacíos a su base preferida sin hacer nada con sustancia, sólo declaraciones, y las declaraciones son (generalmente) gratuitas.
Los diplomáticos europeos no deberían alimentar a la fuerza a la sociedad iraquí con ideales que a las sociedades europeas les llevó décadas, o incluso siglos abrazar, y esperar que los iraquíes los acepten sin resistencia. La sociedad iraquí es conservadora en su mayor parte y no es realista pensar que abrazarán abiertamente a la homosexualidad en este momento, dada la cultura y la historia de la nación. El Islam, al igual que otras religiones abrahámicas, prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo y también el Estado iraquí lo ha hecho desde la independencia en 1932, e incluso antes de eso, bajo el dominio británico. Hace solo 19 años y bajo el régimen de Saddam, se comenzó a castigar con la muerte a la “sodomía”, en base a la decisión 234 del Consejo del Comando Revolucionario en 2001. Aunque dicha decisión también, fue combinada ambiguamente con el adulterio y la violación, no está claro si alguien recibió la pena de muerte únicamente porque ser gay. Por lo tanto, sería irreal pensar que izar una bandera o compartir un tweet pro-LGBT volvería a los iraquíes más tolerantes hacia la homosexualidad.
Si bien es cierto que la democracia fue impuesta en Irak por los Estados Unidos en 2003, eso no significa que haya sido un buen precedente a emular y, a juzgar por el curso turbulento del proceso democrático, ni siquiera podemos decir que haya sido un éxito todavía. Si los iraquíes desean más libertades sexuales y otras libertades civiles, pueden lograrlas por su cuenta, y el último movimiento de protesta que sacudió al poder político, da cuenta de un cambio en la mentalidad iraquí, especialmente entre la juventud. Los iraquíes no tienen miedo de tomar lo que es suyo, incluso frente a las balas de francotiradores, las granadas de gas lacrimógeno y otras formas de represión.
Mientras tanto, si los diplomáticos europeos o de otra nacionalidad quieren ayudar a las personas LGBT en Irak, deben hablar con los políticos y legisladores iraquíes e instarlos a proteger a estas personas del daño físico iniciando investigaciones para encontrar a los culpables de la violencia cometida contra ellos. Los/as iraquíes LGBT merecen la misma protección contra la violencia que otros iraquíes. Los diplomáticos europeos, también deberían instar a los líderes iraquíes a cerrar los medios de comunicación que incitan a la violencia, algo que está fuera de los límites de la libertad de expresión. Sin embargo, tales pasos le costarán a los diplomáticos occidentales un tiempo y capital político preciosos en esas reuniones privadas. Puede que les resulte más fácil apegarse a un moralismo político y pretencioso creyendo que es positiva y gratuita. Pero, si la semana pasada nos mostró algo, es que la exhibición tiene un costo y puede costar vidas.
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Ihsan Noori es escritor y analista político iraquí.
N.d.T: El artículo original fue publicado el 21 de Mayo de 2020 por 1001 Iraqui Thoughts.
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